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"Este Gobierno no ofrece las más mínimas garantías para quienes dejamos las armas y nos reincorporamos a la vida civil”, afirmó el partido FARC.

"Este Gobierno no ofrece las más mínimas garantías para quienes dejamos las armas y nos reincorporamos a la vida civil”, afirmó el partido FARC. | Foto: Getty Images

Publicado 26 octubre 2019





La FARC denunció que, tras su paso a la legalidad, más de 170 exguerrilleros fueron asesinados y las autoridades disimulan la sistematicidad del genocidio.

El partido colombiano Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) demandó este sábado el cumplimiento de lo estipulado en el Acuerdo de Paz firmado en 2016 entre el Estado y la exinsurgencia FARC-EP y denunció la creciente violencia contra los excombatientes.

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“El Estado colombiano asumió compromisos muy serios frente a nosotros, el país y la comunidad internacional. El primero de ellos las garantías para la vida, la integridad y el ejercicio de la actividad política. Exigimos el cumplimiento de su palabra”, expresa el comunicado difundido en la red social Twitter.

En el mensaje, el FARC aseguró que el presidente colombiano, Iván Duque, tiene la obligación de hacer efectiva la letra del Acuerdo de Paz de manera integral, no quedándose solo en declaraciones y calificó como “fracaso” a “un Estado y un Gobierno que no garantizan la vida a sus ciudadanos”.

“Pasan de 170 los exguerrilleros asesinados tras nuestro paso a la legalidad. Hemos oído de las autoridades argumentaciones y pretextos mediante los cuales se empeñan en disimular la sistematicidad de este nuevo genocidio”, acusó el grupo político.

Las declaraciones se produjeron después del homicidio, el pasado jueves, del exrebelde Alexander Parra, quien, de acuerdo con el comunicado, había solicitado a la Unidad Nacional de Protección medidas especiales de seguridad, sin obtener respuesta.

“Es la demostración palmaria de que este Gobierno no ofrece las más mínimas garantías para quienes dejamos las armas y nos reincorporamos a la vida civil”, afirma el texto, partiendo del homicidio de Parra, del cual responsabilizan al Estado.

 

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“(El Estado) y el Gobierno de turno están obligados a proteger a todos los ciudadanos, a garantizar que nadie se tome la autoridad de matar a otro, menos a quien con la mayor buena fe se acoge a un Acuerdo y cumple estrictamente sus términos”, continúa el documento.

El partido FARC destacó que en Colombia existen enemigos furibundos de la paz, “gente empecinada en hacer trizas lo acordado”, con intereses declarados en que la guerra continúe indefinidamente, a los que no puede permitirse que “sigan ensangrentando la patria”. Asimismo, la declaración convoca al pueblo del país suramericano y la comunidad internacional a apoyar en la defensa del Acuerdo.

Alexander Parra, conocido como Rodolfo Fierro en la FARC, fue baleado por sujetos encapuchados frente a su esposa, candidata del mismo partido al Consejo de Mesetas, Luz Marina Giraldo, en un Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación, nombre que reciben las zonas resguardadas por la Policía y el Ejército donde los exguerrilleros realizan su proceso de reinserción en la vida civil.


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