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El movimiento de DD.HH. alertó sobre la injerencia de EE.UU., en los procesos de paz en Colombia.

El movimiento de DD.HH. alertó sobre la injerencia de EE.UU., en los procesos de paz en Colombia. | Foto: @IvanCepedaCast

Publicado 13 mayo 2019



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Congresistas, exministros, académicos, artistas, líderes de organizaciones defensoras de los derechos humanos y activistas avalaron esta misiva enviada a instancias de las Naciones Unidas.

El movimiento por los derechos humanos de Colombia, Defendamos La Paz (DLP), solicitó a la alta comisionada de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Michelle Bachelet, medidas de protección que garanticen la estabilidad y la vida de los magistrados de la Corte Constitucional, Suprema de Justicia y de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), ante lo que han calificado como sucesivos ataques y presiones.

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Estos ataques "amenazan gravemente su seguridad e integridad y que se constituyen en una ofensiva sin precedentes contra la autonomía del poder judicial, los fundamentos del Estado de derecho y la democracia", reza el comunicado de DLP enviado a la alta comisionada de ONU.

El texto reitera la necesidad de un sistema de protección para estos funcionarios públicos, debido a la importante y trascendental labor que ejecutan en beneficio de la paz en la nación, mismas que han calificado de esenciales para Colombia.

Asimismo, los responsables de la misiva denunciaron la cancelación de las visas estadounidenses retiradas a los magistrados por parte del Gobierno de Estados Unidos (EE.UU.), acción que rechazan de manera directa pues representa "una medida de carácter coercitivo o punitivo ad portas de sentencias de importancia para las relaciones bilaterales".

El comunicado subraya que los miembros de la Justicia colombiana han sido blanco de amenazas de muerte, interceptaciones ilegales a sus comunicaciones y campañas de descrédito y difamación.

"Existen campañas organizadas de difamación contra los magistrados en las redes sociales, con mensajes personalizados que atacan el buen nombre de las más altas instituciones del poder judicial", denuncia el DLP.

Colombia enfrenta en estos momentos una situación de extremos ataques a funcionarios defensores de los procesos de paz, derechos humanos, medio ambiente y reclamo de reivindicación laboral y de tierras.

En este segundo trimestre de 2019 se contabilizan al menos 50 víctimas fatales en el país suramericano, principalmente integrantes de la minga social campesina colombiana.


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