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En lo que va del año, ya son más de 100 lideresas y líderes sociales asesinados en Colombia.

En lo que va del año, ya son más de 100 lideresas y líderes sociales asesinados en Colombia. | Foto: @DianaDefensora

Publicado 20 marzo 2020



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El dirigente social Marcos Rivadeneira, llevaba a cabo procesos de organización política con agrupaciones internacionales.

La red de derechos humanos del departamento de Putumayo, en el sur de Colombia, denunció el jueves que  fue asesinado el campesino y líder social Marcos Rivadeneira, en la vereda Nueva Granada, al sur del municipio de Puerto Asís.

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El dirigente social Rivadeneira era conocido por llevar a cabo procesos organizativos del movimiento cocalero colombiano, siendo vocero del comité operativo Colombia, Europa, Estados Unidos (Coerupa), integrante del movimiento político y social Congreso de los Pueblos, y presidente de la Asociación Campesina de Puerto Asís (Asopuertoasís). Además de trabajar en la sustitución de cultivos de coca.

Rivadeneira se encontraba en una reunión de campesinos cuando hombres fuertemente armados llegaron al lugar y lo sacaron forzadamente, media hora después llegó la información de que había sido ultimado. Según narran testigos de la zona.

El dirigente lideró en el año 2019 una consulta popular para evitar la fumigación con glifosato a nivel nacional. El departamento del Putumayo es el corredor vial más importante del narcotráfico.

Diferentes organizaciones y partidos políticos han denunciado ante el presidente Iván Duque la compleja situación que viven las comunidades en las zonas rurales, pero el mandatario no ha prestado atención a las querellas de la población.

El Coerupa rechazó el asesinato e informó que habían denunciado públicamente sobre la grave situación en materia de seguridad en Putumayo, pero nunca hubo respuesta por parte de las autoridades, ni del Gobierno de Iván Duque.

En lo corrido del año en Colombia se ha incrementado la persecución y los asesinatos, a la fecha ya van más de 100 líderes y lideresas muertos, mientras que las entidades de derechos humanos señalan que el Ejecutivo no toma medidas correctas para erradicar la violencia.


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