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La JEP en estos momentos administra justicia a 11.986 personas que tuvieron participación directa o indirecta en el conflicto armado en Colombia

La JEP en estos momentos administra justicia a 11.986 personas que tuvieron participación directa o indirecta en el conflicto armado en Colombia | Foto: El Espectador

Publicado 29 agosto 2019



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La presidenta de la JEP, Patricia Linares, dijo que las noticias de rearme de algunos excombatientes de las FARC-EP es un hecho de gravedad para el proceso de la paz.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) informó este jueves que aquellos miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) que decidan tomar las armas perderán los beneficios que establece el Acuerdo de Paz, firmado en La Habana en 2016.

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La presidenta de la JEP, Patricia Linares indicó, en conferencia de prensa, que las noticias de rearme de algunos excombatientes de las FARC-EP es un hecho de gravedad para el proceso de paz en Colombia.

Linares, expresó que "si ese grupo de la FARC-EP retoma las armas pierde todos los beneficios que estaban enmarcados en el Acuerdo de Paz".

En ese sentido, la funcionaria señaló que la Sala de Reconocimiento y la Sección de Apelación de la JEP comenzó el trámite para expulsar a Iván Márquez, Jesús Santrich, El Paisa y otros excombatientes que retomaron las armas del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.

"No podemos defraudar la confianza de las víctimas, de la sociedad colombiana, de la comunidad internacional y de los comparecientes que, aunando esfuerzos en pro de la paz de Colombia, han construido una alternativa real y viable para nuestro país", expresó Linares.

Además, agregó que la decisión de equivocada de un sector que traicionaron sus compromisos con la paz con Colombia y el mundo no pueden truncar el anhelo de los colombianos.

Este jueves, a través de un comunicado un sector del grupo insurgente de las FARC-EP invocó el derecho universal de los pueblos de levantarse en armas contra la opresión, como respuesta a la falta de cumplimiento del Acuerdo de paz, firmado en La Habana en 2016 con el Estado colombiano.


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