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La JEP, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas están a cargo de las pesquisas.

La JEP, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas están a cargo de las pesquisas. | Foto: Prensa Latina

Publicado 2 agosto 2019

Fueron hallados 2.304 cuerpos sin identificar en cinco cementerios de los territorios del Meta, Guaviare y Caquetá, de los cuales 1.674 fueron reportados por el Ejército colombiano.

Tras la presentación del informe Desenterrar La Verdad en los Llanos Orientales, varias organizaciones colombianas investigan las más de 2.000 personas enterradas y sin identificación en cementerios de ese país.

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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas están a cargo de las pesquisas sobre las violaciones de derechos humanos, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales en los territorios del Meta, Guaviare y Caquetá.

Según los datos, fueron hallados 2.304 cuerpos sin identificar en cinco cementerios de esa zona, de ellos 1.674 fueron reportados por el Ejército colombiano como bajas en combate.

Por su parte, el miembro de la Comisión de Paz del Senado, Iván Cepeda, afirmó que los cuerpos fueron llevados en camiones hasta el cementerio y enterrados sin mayor ceremonia. Asimismo, aseveró que los restos corresponden a personas fallecidas en acciones de la fuerza pública contra la guerrilla.

"Este esfuerzo colectivo que nos entregan las víctimas para desenterrar la verdad es la mejor forma y expresión de confiar en la Jurisdicción y en todo el sistema integral (Unidad y Comisión de la Verdad)", dijo la magistrada Reinere Jaramillo.

El magistrado Alejandro Ramelli aseguró que este informe es una nueva puerta que se abre para la verdad, la justicia y la reconciliación en un país que durante años ha estado marcado por la violencia y las desapariciones forzadas.

Las investigaciones han revelado que las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales eran indígenas de los pueblos Wiwa, Wayuu y Kankuamo, así como pobladores de cascos urbanos en situación de extrema vulnerabilidad social.

Según estas organizaciones, el objetivo es que la información suministrada pueda usarse para contrastar con las versiones de los exintegrantes del Ejército que han declarado voluntariamente ante la justicia transicional.


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