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En la carta se denuncia el creciente deterioro de la situación de seguridad en torno a los exfirmantes de la paz.

En la carta se denuncia el creciente deterioro de la situación de seguridad en torno a los exfirmantes de la paz. | Foto: EFE

Publicado 19 octubre 2020


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Integrantes de ese partido solicitaron a la Procuradoría que intervenga para que se conforme una política de seguridad.

El partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) envió este lunes una solicitud a la Procuraduría General para que inste al Gobierno de Colombia a adoptar medidas de seguridad, con el propósito de que proteja la vida y derechos de los firmantes de la paz.

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En una carta dirigida al procurador general, Fernando Carrillo, y motivada por los frecuentes crímenes contra los excombatientes, los delegados de la FARC ante la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación (CSIVI), Rodrigo Granda, Jairo Estrada y Jairo Rojas, solicitaron de modo urgente planes de protección integral y que el Ejecutivo conforme una política en materia de protección.

Los firmantes señalan que desde la firma del Acuerdo de Paz (noviembre de 2016) a la fecha, un total de 234 exguerrilleros han sido asesinados, "cifra que ha incrementado progresivamente cada año", precisan.

Refieren que "el deterioro de la situación de seguridad también ha afectado a mujeres excombatientes, familiares y exinsurgentes pertenecientes a comunidades étnicas.

Ejemplifican que desde noviembre de 2016 hasta el 31 de julio pasado, cuatro mujeres excombatientes y 42 familiares han sido asesinados, incluidos cinco menores de edad. En el caso de estos últimos, advierten que está creciendo la cantidad de los perjudicados por este tipo de violencia, que se ha hecho más común durante 2020, indican.

Entre otras cuestiones, apuntan que más del 50 por ciento de los asesinatos de excombatientes han ocurrido en 70 municipios en los que se conformaron Nuevas Áreas de Reincorporación (NAR), y los actores armados aprovechan la ausencia del Estado para cometerlos.

Los firmantes reclaman a la Procuradoría que fiscalice de qué modo trabajar para ofrecer garantías de seguridad y formular instancias para implementar el Acuerdo de Paz. También se demanda que el Gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, asigne recursos para garantizar la vida e integridad física de los exfirmantes de la paz.


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