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El partido FARC ha exigido de manera sistemática que el Gobierno colombiano brinde garantías reales de protección de la vida y la dignidad de los exguerrilleros.

El partido FARC ha exigido de manera sistemática que el Gobierno colombiano brinde garantías reales de protección de la vida y la dignidad de los exguerrilleros. | Foto: Reuters

Publicado 13 julio 2020


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Desde la firma de los Acuerdos de Paz en La Habana se contabilizan 218 excombatientes de las FARC-EP ultimados.

El partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) denunció este lunes en Colombia el asesinato del excombatiente y firmante de la paz, José Antonio Rivera, de 53 años de edad.

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Rivera recibió cuatro disparos de parte de desconocidos mientras trabajaba en un taller de mecánica, sito en el barrio Los Lagos ubicado en el área rural del municipio de Pitalito, departamento del Huila (sur). De acuerdo con la Policía, los sicarios huyeron a bordo de una motocicleta.

Con este crimen ya suman 218 los excombatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) que han sido ultimados desde el año 2016, cuando se firmaron los Acuerdos de Paz en La Habana.

Al morir, Rivera adelantaba su proceso de reincorporación a través de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, e integraba la Cooperativa Multiactiva Agropecuaria por la Paz (Cooagropaz). Desde mediados de 2017 estaba acreditado por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y llevaba adelante un proyecto productivo en ebanistería.

"Nuevamente fue asesinada una persona en proceso de reincorporación y seguimos a la espera que el Gobierno nacional se pronuncie y le dé las garantías necesarias a la gente, pero esta responsabilidad no puede quedar únicamente en los entes locales", manifestó el asesor de paz del Huila, Diego Tello.

En reiteradas ocasiones, integrantes de Cooagropaz han denunciado el riesgo que corren debido a las actividades que realizan en las zonas donde tienen presencia.


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