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Los falsos positivos en Colombia es un tema a debate en la Justicia Especial para la Paz, así como sus consecuencias tras la firma de los acuerdos de 2016.

Los falsos positivos en Colombia es un tema a debate en la Justicia Especial para la Paz, así como sus consecuencias tras la firma de los acuerdos de 2016. | Foto: Twitter: Indepaz

Publicado 1 marzo 2021



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Un informe de Noticias Caracol revela órdenes que tenía el ejército para cometer falsos positivos contra la insurgencia.

Un medio local colombiano revela esta semana lo que denomina "la dolorosa marca que dejaron las ejecuciones extrajudiciales, más conocidas como 'falsos positivos'", la cual afirma "se agudiza cada día más en el país".

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El medio periodístico recuerda que en el más reciente informe de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) indicó que son 6.402 y no 2.248 las víctimas de estos asesinatos cometidos por militares, lo cual, describen llevó a Noticias Caracol a realizar lo que llaman "una completa radiografía sobre estos hechos y la aterradora forma en la que se cometieron".

Según la investigación, la ejecución de los falsos positivos en esta zona del país se caracterizó por las alianzas entre miembros del ejército colombiano y paramilitares y citan las declaraciones de un mayor retirado del ejército, quien comparece ante la JEP y ha dicho: "el batallón era una máquina de guerra y por lo tanto tenían que verse los resultados operacionales".

De acuerdo al medio, "fue esa presión por resultados operacionales lo que habría llevado a que se creara una alianza de la muerte con el paramilitarismo" y citan a uno de sus entrevistados, sin dar nombres, el cual dijo que "El comandante de La Popa, el coronel Mejía, era determinante en estos resultados operacionales. Él, con alias ‘39’, era quien coordinaba estas situaciones", sostiene el mayor retirado.

El informe resalta que "otro teniente retirado, también investigado, cuenta cómo se pagaban importantes sumas de dinero a los soldados por cada supuesto muerto en combate" y lo citan; "Yo escuché a mi coronel decir que 500.000 (pesos) por arma corta y un millón (de pesos) por arma larga", en un escenario donde la víctima podía ser cualquier persona, desde un campesino de la región o cualquiera que, como ellos mismos dicen, "oliera a guerrillero".

Aunque estas personas ya no hacen parte del ejército colombiano y, como parte de la aplicación de los acuerdos de paz, comparecen ante la JEP, aseguran que las presiones por cambiar la verdad no han cesado.
 


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