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La insurgencia señaló que ni el Gobierno de Iván Duque, ni las Fuerzas Armadas tuvieron la grandeza de valorar su gesto humanitario de decretar el alto al fuego.

La insurgencia señaló que ni el Gobierno de Iván Duque, ni las Fuerzas Armadas tuvieron la grandeza de valorar su gesto humanitario de decretar el alto al fuego. | Foto: Colprensa

Publicado 13 abril 2020


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El Ejército de Liberación Nacional, considera que Francisco Galán y Felipe Torres, designados por el presidente Iván Duque como promotores de paz, son funcionarios serviles al Gobierno Duque.

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia, rechazó este lunes el nombramiento de Francisco Galán y Felipe Torres como "promotores de paz" por parte del Ejecutivo, por considerarlos como funcionarios al servicio del presidente Iván Duque.

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Según un comunicado del ELN remitido a la Comisión Facilitadora Civil, las nuevas funciones que desempeñan los exguerilleros Francisco Galán y Felipe Torres, los inhabilitan "para realizar labores de acercamientos", como le encomendara el Gobierno colombiano.

La insurgencia remarcó su posición ante el alto al fuego unilateral en medio de la situación epidemiológica que vive la nación, "ni el Gobierno de Duque ni las Fuerzas Armadas tuvieron la grandeza de valorar nuestro gesto para responder de manera similar, solo respondieron con la intensificación de sus operaciones militares", agregan.

La fuerza insurgente califica la actitud del gobierno como "guerrerista" y saluda la iniciativa de la Comisión Facilitadora Civil de "reactivar los esfuerzos por la búsqueda de una salida política al conflicto social y armado que vive Colombia".

El ELN declaró una tregua unilateral como "gesto humanitario", respondiendo así a la petición del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, de cesar las hostilidades en todo el mundo para concentrar los esfuerzos en evitar la propagación del Covid-19.

El Gobierno de Duque advirtió que esto no es suficiente para volver a la mesa de negociaciones, interrumpida en 2019  tras el atentado perpetrado contra una escuela de cadetes de Bogotá, que dejó 22 fallecidos y reactivó las órdenes de captura contra los negociadores del ELN.


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