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El próximo miércoles 13 de mayo deben comparecer en el Senado los ministros de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, y de Interior, Alicia Arango, entre otros.

El próximo miércoles 13 de mayo deben comparecer en el Senado los ministros de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, y de Interior, Alicia Arango, entre otros. | Foto: @Mision_Verdad

Publicado 10 mayo 2020


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El Gobierno de Colombia rechazó que el ejército realizó actos ilegales de seguimiento, espionaje e interceptación telefónica y mencionó que sólo fueron algunos miembros de esa institución.

Varias organizaciones sociales de Colombia pidieron a la Corte Penal Internacional (CPI) "su intervención" para que los responsables del espionaje del ejército colombiano a periodistas, políticos opositores y defensores de derechos humanos, sean llevados a la justicia.

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La red Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU) solicita a la CPI "su intervención para asegurar que sean individualizados, procesados y llevados ante la justicia los máximos responsables de estos planes criminales de ataques en contra de personas que defienden los derechos humanos".

La plataforma recuerda que los programas de seguimiento informático, efectuados en esta ocasión "no constituyen eventos aislados, sino que se inscriben en prácticas reiteradas que se vienen desarrollando de manera continuada al menos desde el año 2002".
 

La CCEEU, plataforma que agrupa 281 organizaciones sociales y ONG defensoras de derechos humanos, también pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que tome cartas ante la "grave situación" por el caso del espionaje en Colombia.

La plataforma justifica la petición porque el espionaje "afecta los derechos a la intimidad, la integridad, la vida y las actividades de defensa de los derechos humanos así como las condiciones para la vigencia plena de la democracia y para la consecución y mantenimiento de la paz".

En ese sentido pide que se conforme un grupo interdisciplinario de expertos que pueda "dar cuenta de la persistencia, afectación y responsabilidades estatales y de las autoridades implicadas en la implementación de actividades criminales desplegadas desde los organismos de inteligencia militar que han afectado al país desde el año 2002 hasta el presente".

En este sentido, la Comisión Segunda del Senado aprobó una proposición presentada por los partidos Conservador y Liberal, para citar a un debate de control político al Gobierno, por el nuevo caso de seguimientos denunciado por la revista Semana.

La corporación definió que dicha citación se llevará a cabo el próximo miércoles 13 de mayo.

En el debate deberán comparecer los ministros de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, de Interior, Alicia Arango, los comandantes de la cúpula y otros altos funcionarios de inteligencia militar.

El escándalo de las escuchas alcanzó al agregado militar de la embajada de Colombia, el coronel Juan Esteban Zapata Cifuentes,  quien está previsto que regrese al país suramericano el 20 de mayo.

En un editorial, el diario The New York Times,  cuestiona el hecho de que el Gobierno usara el mismo dinero que Estados Unidos destina como ayuda al país, para espiar a su corresponsal, el periodista  Nicholas Casey.

En un reportaje publicado hace un año el diario estadounidense, Casey reveló la orden del comandante del Ejército, Nicacio Martínez, que reviviría los falsos positivos en la nación suramericana.

El artículo del NYT, además se refiere a las revelaciones de The Wall Street Journal , quien recientemente indicó que el espionaje o perfilamientos (como se le denominó en Colombia), incluían dispositivos de escucha y otros equipos suministrados por los Estados Unidos.

La investigación titulada "Las carpetas secretas", publicada el pasado 1 de mayo por la revista Semana, asegura que integrantes del Ejército espiaron entre febrero y diciembre de 2019 a por lo menos 130 personas, incluidos periodistas colombianos y extranjeros, políticos, defensores de derechos humanos e incluso a funcionarios del alto Gobierno.

Una docena de oficiales, incluido un general, fueron dados de baja del ejército en Colombia por el escándalo de escuchas ilegales a políticos, periodistas y jueces.


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