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Organizaciones y movimientos afectados por esta situación consideran que es un método de intimidación por parte de las autoridades antes del paro nacional.

Organizaciones y movimientos afectados por esta situación consideran que es un método de intimidación por parte de las autoridades antes del paro nacional. | Foto: El Espectador

Publicado 20 noviembre 2019



La Central Unitaria de Trabajadores denunció que los allanamientos fueron contra miembros del Congreso de los Pueblos, así como organizaciones sociales y sindicales.

En el marco del paro nacional convocado para este jueves, las autoridades de Colombia informaron que agentes policiales realizaron 27 allanamientos en Bogotá (capital), Cali y Medellín.

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Según el subdirector de la Policía Metropolitana, general Gustavo Moreno, el martes hubo allanamientos en 19 localidades de la capital colombiana. 

El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, indicó que estos operativos tenían como fin "prevenir" cualquier hecho de violencia que pudiera suceder en la jornada de movilización nacional, por lo que han coordinado la cooperación entre autoridades nacionales y regionales.

Sin embargo, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) denunció que los allanamientos fueron contra miembros del Congreso de los Pueblos, así como organizaciones sociales y sindicales.

Por su parte, el Partido Comunista y Unión Patriótica denunciaron irregularidades en los allanamientos ejecutados a su sede en el municipio Palmira, Valle del Cauca; otro hecho fue reportado en la casa de la excandidata municipal por Colombia Humana, Teresa Consuelo Cardona.

La senadora por Unión Patriótica, Aida Avella, narró al medio El Espectador que, al momento de proceder con el allanamiento, le indicaron que el mismo se hacía por una supuesta denuncia de que allí estaba alguien "peligroso", pero no se llevaron nanda ni realizaron una acta.

Sobre esta situación, el fiscal interino Fabio Espitia aclaró que los allanamientos fueron ordenados por el ente acusador, considerados legales en la mayoría de los casos por parte de jueces de garantías, quienes fueron acompañados por la Procuraduría.

Las organizaciones y movimientos afectados por esta situación han indicado que es un método de intimidación por parte de las autoridades antes del paro nacional, ya que afirman que las razones para los allanamientos no se justificaban.


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