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El exterminio del partido Unión Patriótica ha sido calificado como crimen de lesa humanidad.

El exterminio del partido Unión Patriótica ha sido calificado como crimen de lesa humanidad. | Foto: www.vanguardia.com

Publicado 8 febrero 2021


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La denuncia fue interpuesta por varios delitos contra el Estado colombiano, que lo vinculan con el asesinato de al menos 6.000 miembros del partido UP.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), comenzará este lunes una audiencia de 5 días en relación a una demanda contra el Estado colombiano por el exterminio y violaciones a los derechos de  miembros del partido Unión Patriótica.

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La denuncia fue interpuesta en diciembre de 1993 por varios delitos contra el Estado, que lo vinculan con el asesinato y violaciones de derechos humanos de al menos 6.000 miembros del partido UP.

El Estado colombiano es acusado de los delitos de violación de los derechos a la libertad personal, garantías judiciales, honra, dignidad, protección judicial, derechos políticos, libertad de pensamiento, de expresión, de asociación y el principio de igualdad y no discriminación.

La demanda también indica que las víctimas fueron sometidas constantemente a estigmatización a través de declaraciones de funcionarios públicos, quienes aseguraban que los simpatizantes de la UP pertenecían a grupos insurgentes.

Tales aseveraciones habrían tenido un efecto en los actos de violencia desatados en contra de los miembros y militantes del partido, por lo que la acusación señala que el Estado incurrió en violaciones al derecho a la honra y la dignidad.

La CorteIDH, llevará a cabo la audiencia de manera virtual debido a la pandemia de la Covid-19 y se prevé que concluya el próximo viernes tras la declaraciones de testigos,  peritos y la exposición de los alegatos finales de las partes.

Las acciones en contra de la UP ocurrieron a partir de 1984 y durante al menos 20 años, contra unos 6.000 miembros o militantes de la Unión Patriótica, quienes habrían sido víctimas de desapariciones forzadas, amenazas, hostigamientos, desplazamientos forzados y tentativas de homicidio, perpetrados tanto por agentes estatales como por actores no estatales.
 


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