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"Vamos a judicializar a los jíbaros y no permitiremos que se sientan a sus anchas", dijo el presidente colombiano.

"Vamos a judicializar a los jíbaros y no permitiremos que se sientan a sus anchas", dijo el presidente colombiano. | Foto: Reuters

Publicado 2 octubre 2018

El presidente de Colombia firmó el decreto que permite el decomiso de dosis mínimas de sustancias prohibidas, "para destruir la droga en las calles de nuestras ciudades". 

Este 1 de octubre, el presidente Iván Duque firmó un decreto que habilita el decomiso de dosis mínimas de sustancias prohibidas como parte de una política impulsada por sus antecesores, y que, a su juicio, da "herramientas a la fuerza pública para destruir la droga en las calles" de las ciudades colombianas. 

El mandatario afirmó, tras rubricar del decreto, que los colombianos no pueden sentirse "cómodos, ni mucho menos tolerantes" ante el incremento del consumo de drogas en las ciudades, un problema que señaló como agravante de la salud pública pero, además, como "precursor de muchos caminos de criminalidad". 

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"El microtráfico y consumo de drogas en las puertas de los colegios, en las universidades y en los parques ha aumentado exponencialmente en los últimos años y no podemos ser indiferentes a esto", dijo Duque, luego de que las Naciones Unidas llamaran la atención sobre el aumento exponencial de los cultivos ilícitos en esta nación, que pasaron de 146.000 hectáreas en 2016 hasta 171.000 en 2017. 

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Ante la resolución de Duque, comenzaron las críticas de quienes aseguran que esto solo beneficia a los narcotraficantes, pues la penalización de la dosis mínima aumenta el costo de la droga. 

"La tal guerra contra las drogas al final terminará de colapsar las cárceles mientras los grandes capos sí tendrán para un buen abogado, si es que los capturan", dijo la líder social colombiana Piedad Córdoba a través de Twitter.

 

Con la disposición del actual Gobierno colombiano quien lleve consigo cualquier cantidad de droga deberá enfrentar un proceso administrativo y podría pagar una multa cercana a los 70 dólares, mientras que quienes no puedan pagar serán detenidos y puesto a disposición de autoridades judiciales. No obstante, según Duque, no se trata de llevar a la "cárcel al consumidor". 


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