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La presencia de los grupos armados organizados en el norte del Cauca obedece al control de las rentas y cultivos ilícitos.

La presencia de los grupos armados organizados en el norte del Cauca obedece al control de las rentas y cultivos ilícitos. | Foto: Twitter @CapazMauricio1

Publicado 30 octubre 2019



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Los pueblos indígenas de la región del Cauca, en el sur de Colombia, luchan para sobrevivir y defienden sus territorios ante la escalada de violencia contra sus comunidades. 

La región de Cauca, en el suroccidente de Colombia, sufre una ola de violencia contra líderes indígenas desde 2016, luego que grupos rivales del crimen organizado buscan apoderarse de negocios como el narcotráfico, la extorsión o la minería ilegal ante la poca presencia de las autoridades en la zona.

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Desde que las FARC-EP, con fuerte presencia en la zona del Cauca,  firmaron el histórico acuerdo de paz con el gobierno del entonces mandatario Manuel Santos, surgieron grupos criminales con la finalidad de apoderarse de la región. 

La población del Cauca quedó vulnerable ante los grupos armados, columnas de guerrilleros que no se acogieron al proceso de paz, paramilitares y bandas de narcotraficantes.

La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) denunció, el pasado 21 de octubre, que en 2019 han sido asesinados 115 indígenas en el país. 

Las amenazas y atentados se han vuelto tan constantes que en los territorios exigen con más fuerza la intervención de las altas cortes internacionales para que hagan seguimiento a los ataques de los que han sido víctimas, principalmente los guardias indígenas.

Las comunidades del Norte del Cauca parecen sufrir los efectos de una guerra reciclada. Durante 2019, en este territorio se han cometido 33 asesinatos, 7 atentados y han circulado 38 amenazas colectivas e individuales, de acuerdo con la revista Semana.

Apenas ayer cinco personas fueron asesinadas (una autoridad neehwe'sx y cuatro guardias indígenas) en la vereda la Luz, corregimiento Tacueyó, del municipio de Toribío, Cauca. 

Las víctimas fueron Cristina Bautista, autoridad de la comunidad Nasa, y los guardias José Gerardo Soto, James Wilfredo Soto, Eliodoro Uniscue y Asdruval Cayapu. 

También hay cinco heridos: Matías Montaño Noscué, José Norman Montano Noscué, Crescencio Peteche Mensa, Dora Rut Mesa Peteche, Rogelio Tasquinas y Alver Cayapú.  

Luis Fernando Arias, dirigente indígena perteneciente al pueblo Kankuamo y Consejero Mayor de la Onic, dijo en una entrevista reciente al diario El Espectador, que "lo que está ocurriendo en Colombia, únicamente con los pueblos indígenas, es un genocidio que el Estado colombiano debe detener.  Es un exterminio contra los pueblos indígenas".  

"El gobierno es responsable por acción u omisión  por lo que está pasando en este momento con los pueblos", comentó.  

"Nosotros en este momento realmente nos sentimos huérfanos. No hay garantías para el ejercicio político, social y organizativo de los pueblos indígenas. Tuvimos la expectativa de que con el Acuerdo de Paz, realmente la violencia iba a disminuir"

"Sin embargo,  lo que hemos visto durante la administración de Duque es que han aumentado los asesinatos, la estigmatización y el señalamiento en contra de las comunidades étnicas". 

Explicó que los grupos criminales buscan amedrentar a las comunidades indígena que se han organizado para defender sus territorios ante la nula acción del Estado colombiano para brindarles seguridad.

La Asociación de Cabildos Indígenas del Norte de Cauca indicaron en un comunicado que responde a versiones que dio el ejército, que "la lucha por el control territorial entre bandas criminales ha originado también el desplazamiento forzado de grupos indígenas que son obligados a salir de sus lugares de origen por la constante violencia en la región".

"Condenamos esta terrible masacre perpetrada en el marco de una estrategia histórica de exterminio físico y cultural contra los pueblos indígenas de Colombia. Rechazamos rotundamente a los actores en armas y les exigimos parar de una vez por todos los asesinatos, las amenazas e intimidaciones".

"Nuestro ejercicio de control territorial es autónomo, no cuenta con el apoyo ni la coordinación de la fiscalía, del CTI de la Policía, del Gaula del ejército, ni ninguna entidad del estado", indicó la organización. 

"La guardia indígena se encuentra en este momento realizando sus procedimientos de emergencia exclusivamente en el marco del Plan Minga en resistencia, según la orientación de las autoridades y los mandatos de la comunidad", indicó la asociación.

"Las autoridades ancestrales y la guardia indígena no coordina, ni coordinará con la fuerza pública ningún tipo de acción de control territorial, por esto rechazamos estas afirmaciones que ponen en alto riesgo a nuestra autoridad y comunidades", puntualizó.

La Asociación de Cabildos indígenas de Toribio, Tacueyó y San Francisco, al norte del Cauca convocó de "manera urgente a toda la comunidad toribiana, organizaciones indígenas y sociales a declararse en asamblea permanente".

Además pide "rodear a la guardia (indígena), que se encuentra en medio del fuego y organizarse de manera inmediata para evitar esta masacre continua y sistemática”, dice el documento.
 


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