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Con el decreto se cumplen dos de los requisitos que en 2017 impuso la Corte Constitucional para volver a las aspersiones, que están suspendidas desde 2015.

Con el decreto se cumplen dos de los requisitos que en 2017 impuso la Corte Constitucional para volver a las aspersiones, que están suspendidas desde 2015. | Foto: Twitter @POSITIVAFMRADIO

Publicado 13 abril 2021


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La sustancia química utilizada en la erradicación de cultivos ilícitos tiene riesgos para la salud y en el medio ambiente.

Tras varios años de discusión sobre los efectos del uso del glifosato en la erradicación de los cultivos de coca en Colombia, el presidente Iván Duque firmó un decreto del ministerio de Justicia en el que se establece cómo funcionaría la aspersión aérea con esta sustancia química.

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Aunque aún quedan varios pasos para que se vuelva a usar el glifosato en Colombia, pese al rechazo nacional e internacional, el mandato define cómo se llevarían a cabo las fumigaciones y establece una constante revisión de riesgos en salud y efectos en el medio ambiente. 

El resolución, que empieza a regir desde este mismo lunes, es un asunto de trámite para que la fumigación entre a operar nuevamente en el país, por lo que se espera que en cuestión de días empiecen con la aspersión.

Sin embargo, el Gobierno indicó que el decreto "no reactiva automáticamente" la aspersión aérea con glifosato, ya que hace falta que el CNE verifique que se cumplen los requisitos que exigió el Tribunal Constitucional en 2017.

La normativa establece, por ejemplo, una constante revisión de riesgos en salud y afectaciones del medioambiente, confirma a la Policía como ejecutora del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante aspersión aérea con glifosato (Pecig), y crea lineamientos para recibir quejas, entre otros puntos.

"El decreto recientemente expedido por el Gobierno es un paso más para que se tenga un instrumento adicional para el combate contra los cultivos ilícitos", afirmó el ministro de Defensa, Diego Molano, en una declaración en la Casa de Nariño, sede del Ejecutivo.

El representante a la Cámara, Carlos Ardila, anunció que demandará ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo el decreto que expidió el Gobierno, mediante el cual pretende regular la aspersión aérea con glifosato para la destrucción de cultivos ilícitos.

En marzo pasado,  150 personas expertas en drogas, la mayoría académicas de universidades de Colombia, Estados Unidos y otros países escribieron una carta abierta dirigida al presidente Joe Biden y a la vicepresidenta Kamala Harris.

En ella recuerdan que la fumigación con glisofato, fue la base del plan contra el narcotráfico durante el mandato de Donald Trump y que aparte de no ser efectiva, es muy costosa económicamente, afecta gravemente a la salud de las personas y destroza la flora y la fauna.

El 36% de los cultivos de coca fumigados de forma aérea con glisofato son replantados de nuevo, afirman contundentemente en la carta publicada. 

Estas medidas acaban provocando la dispersión de los campos e incluso el aumento de cultivos en parques protegidos, donde no se puede fumigar con este tipo de producto. 

El coste estimado de fumigar una hectárea es de 19.000 dólares y para poder destruir una hectárea es necesario rociar entre 35 y 45 hectáreas.

Los efectos sobre la salud de las personas que viven en estas zonas son muy graves. 

De hecho, el glifosato está siendo restringido o prohibido a nivel mundial, ya que los estudios científicos muestran que la exposición a los agentes activos causa cáncer, abortos espontáneos y enfermedades respiratorias, entre otras graves consecuencias, señalan las expertas que firman la carta.

Otro de los aspectos que resaltan en el escrito, es el impacto medioambiental. Aseguran que fumigar con glisofato tantas hectáreas genera también un impacto ambiental inasumible. 

Estas fumigaciones ya están provocando la desforestación y pérdida de la biodiversidad en los ecosistemas vulnerables de la Amazonía y Los Andes. También destruyen los suelos y cultivos agrícolas lícitos de los que dependen las comunidades agrícolas, añadiendo a todo esto la contaminación de valiosas fuentes de agua. 

El impacto sobre la vida terrestre, ya es irreversible. Estas consecuencias llegan mucho más lejos de las zonas fumigadas.


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