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los delitos de homicidio doloso, secuestro, tortura, acceso carnal o actos sexuales abusivos con menores y adolescentes; se condenará  25 años.. 

los delitos de homicidio doloso, secuestro, tortura, acceso carnal o actos sexuales abusivos con menores y adolescentes; se condenará 25 años..  | Foto: El Espectador

Publicado 17 mayo 2020



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Con 135 votos a favor y 22 en contra quedó aprobada la llamada ‘Ley Gilma Jiménez’ que ahora pasará a la Comisión Primera del Senado para su séptimo debate.

La Cámara de Representantes de Colombia aprobó este sábado el proyecto que busca otorgar prisión perpetua a violadores de niños, niñas y adolescentes el país.

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De acuerdo a la norma cuando se presenten los delitos de homicidio doloso, secuestro, tortura, acceso carnal o actos sexuales abusivos con menores y adolescentes; se podrá imponer hasta la pena de prisión perpetua. 

 
Según el proyecto la pena será revisable en un plazo de veinticinco años, es decir que transcurrido este tiempo de la condena, algunos expertos evaluarán al procesado para mantener la condena o dejarlo en libertad.
 
“Hoy es un día histórico. Logramos una vez más que el Congreso, en la Plenaria de la Cámara de Representantes, esté enfrentando la violencia que sufren los niños en Colombia. He escuchado en intervenciones de representantes hablar de la necesidad de la educación para nuestros niños, eso es lo que logra una iniciativa de años de lucha”, dijo Yohana Jiménez, hija de Gilma y promotora de la iniciativa.
 
La ministra del Interior de Colombia, Alicia Arango, celebró la aprobación de la norma en defensa de los niños, niñas y adolescentes del país.

 
“Insisto en el llamado para sacar adelante el proyecto de acto legislativo que establece prisión perpetua para violadores de niños, niñas y adolescentes, y así defender los derechos de la niñez”, añadió la ministra.
 
Además del castigó el proyecto contempla la formulación de una política pública integral de protección a los niños, niñas y adolescentes, fundamentada en las alertas tempranas, educación, prevención, acompañamiento psicológico y la garantía de una efectiva judicialización y condena cuando sus derechos resulten vulnerados.


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