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La construcción de una Carta Magna nueva sintetiza las demandas que han centrado las protestas en Chile por más de un mes, exigiendo mejoras sociales.

La construcción de una Carta Magna nueva sintetiza las demandas que han centrado las protestas en Chile por más de un mes, exigiendo mejoras sociales. | Foto: Publimetro

Publicado 15 noviembre 2019



Finalmente el gobierno de Sebastián Piñera se vio forzado a ceder a las demandas populares, y esta semana se definió el destino de la futura carta Magna.

El parlamento chileno acordo este viernes realizar un plebiscito para dotar al país de una nueva Constitución.

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De acuerdo a lo acordado una vez redactada la nueva Carta Magna, esta será sometida a su ratificación en otro plebiscito mediante sufragio universal obligatorio.

Horas antes el presidente del Senado de Chile, Jaime Quintana (PPD), confirmó que los legisladores de los partidos políticos acordaron avanzar en la redacción de una Constitución.

Quintana indicó que entre lo acordado está la realización de un plebiscito de entrada y uno ratificatorio, al finalizar el proceso constituyente, que debiera coincidir con las elecciones parlamentarias y presidenciales de 2021.

Asimismo, sostuvo que la consulta popular se realizaría en abril de 2020. “Este logro que esperamos alcanzar en los próximos minutos tiene que ser un tributo para todos esos chilenos que por muchos años han soñado con una nueva Constitución”, dijo Quintana.

Los partidos políticos chilenos se reunieron para negociar un mecanismo para una nueva constitución en la nación suramericana, sumida en una profunda crisis social, y escenario de fuertes protestas antigubernamentales que exigen mejoras sociales y la renuncia del actual mandatario, Sebastián Piñera.

Había tres posturas: Convención Constitucional, idea de la coalición Chile Vamos, integrada por partidos de derecha; Congreso Constituyente, mecanismo propuesto por el Gobierno; y una Asamblea Constituyente, apoyada por el Frente Amplio y el Partido Comunista, y respaldada por la oposición y por la gran mayoría de la población.

Esta última contempla, luego de redactada la nueva Carta Magna, la fase final sería llevarla a la aprobación popular mediante un plebiscito ratificatorio.


Finalmente, el Gobierno aceptó iniciar un proceso constituyente a principios de semana, con lo cual el debate avanza hacia el mecanismo para llegar a construir la Constitución de la República. Sin embargo, un punto de desencuentro entre ambas corrientes es el nivel de participación de la ciudadanía en dicho proceso.

De acuerdo a lo pactado en el Senado en abril de 2020 se celebrará un plebiscito para definir si debe ser modificada la Constitución, en caso afirmativo cuál será el mecanismo para hacerlo. Las alternativas son una Asamblea Constituyente con todos sus miembros elegidos para tal fin o un sistema mixto con mitad de electos y mitad de Congresistas.

En cualquiera de ambos casos, la elección sería en octubre del próximo año. Esto conlleva un quórum de dos tercios para todas las medidas que ahí se planteen y además con un plebiscito ratificatorio. De este modo, prevaleció la idea de tener un plebiscito de entrada y uno de salida.

Aunque la Constitución chilena se ha reformado más de 40 veces en los últimos años, ningún Gobierno ha logrado cambiar su esencia neoliberal, debido a las altas cuotas parlamentarias que se requieren. Un ejemplo de ello fue el de la expresidenta Michelle Bachelet, quien protagonizó un fallido proceso constituyente durante su segundo mandato, de 2014 a 2018.

Mientras el Gobierno y las principales fuerzas políticas valoran una posible modificación de la Carta Magna, las calles chilenas continúan pobladas de manifestantes de los gremios estudiantiles, docentes, sanitarios, y la ciudadanía en general, como parte de las protestas autoconvocadas que presionan al actual gobierno desde hace más de un mes.

 

Este es el mayor estallido social registrado en territorio chileno desde que llegara a su fin la dictadura de Augusto Pinochet, y se instaurara la democracia en el país, en el año 1990. Esta convulsión social ya ha ocasionado la muerte a al menos 20 personas, causado miles de heridos y detenidos, y el uso de la violencia ha hecho recordar la época de la dictadura, pues se han presentado denuncias de abusos y torturas por parte de las autoridades.

Igualmente la vida económica del país se ha paralizado en algunas zonas, y se han bloqueado algunas vías. Además, los abusos de autoridad han llegado a involucrar a menores de edad.


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