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Lula da Silva está a la espera de este decreto judicial para poder gozar de libertad mientras se comprueben los delitos de los que ha sido responsabilizado.

Lula da Silva está a la espera de este decreto judicial para poder gozar de libertad mientras se comprueben los delitos de los que ha sido responsabilizado. | Foto: @STF_oficial

Publicado 23 octubre 2019

Esta discusión del máximo ente judicial de Brasil echaría por tierra esta determinación gestada en 2016, por lo que la sesión fue retomada para declarar si existe legalidad o no para tales detenciones. 

 

El Tribunal Supremo Federal de Brasil (STF) retomó este miércoles 23 de octubre el juicio para determinar la legalidad de la privativa de libertad tras la condena en una segunda instancia. situación que podría beneficiar al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva.

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La sesión judicial estima evaluar tres acciones sobre la legitimidad de este tipo de encarcelamiento en esta nación suramericana, cuya primera sesión se llevó a cabo el pasado jueves 17 de octubre de este año. 

El STF tendrá dos reuniones, la primera discusión se dio a las 09H30, mientras que la segunda ronda iniciará a las 14H00 (hora local) en las instalaciones del Plenario de la Corte Suprema.

De acuerdo con las estimaciones de la prensa local brasileña, la apelación de esta providencia de prisión podría beneficiar al líder político y expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva

En este sentido, Lula da Silva fue apresado bajo la aplicación de esta modalidad que contradice le artículo 57 de la Constitución brasileña, que estipula la inocencia de los inculpados hasta tanto no se dicte firme sentencia en su contra. 

Existen al menos unos 4.000 privados de libertad quienes fueron detenidos y apresados sin haber agotado todas las instancias y etapas procesales para tales fines, por lo que pudiesen ser liberados tras la votación del STF. 

La Carta Magna brasileña estipula que una persona bajo investigación judicial que no represente daño o riesgo alguno para la sociedad, puede gozar de libertad provisional domiciliaria mientras se comprueban los delitos por lo que ha sido inculpada.


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