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El Gobierno de Bolsonaro se ha caracterizado por la desatención a las demandas de los movimientos sociales.
El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil juzgará este miércoles una acción del partido Red de Sustentabilidad (REDE) que cuestiona al Ministerio de Justicia por elaborar un informe confidencial contra funcionarios vinculados a movimientos antifascistas.
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Este hecho puso en peligro a 579 servidores de Seguridad federal y estatal como parte del grupo antifascista, además de tres profesores universitarios. Presentada por REDE, la demanda insta al STF a que detenga la producción y difusión de conocimientos e información de inteligencia estatal contra ese grupo de personas.
Al respecto, el ministro de Justicia, André Mendonça, dijo que su instancia elaboró un informe de inteligencia sobre el grupo de la Policía Antifascista mediante la Secretaría de Operaciones Integradas. Esta información fue confirmada a medios locales por cuatro congresistas luego de una sesión en línea de la Comisión Conjunta para el Control de las Actividades de Inteligencia del Congreso.
Los parlamentarios aseguraron que Mendonça trató de relativizar el documento, al decir que no era ni una investigación ni un expediente. Uno de los asambleístas aseveró que se trataba de un “eufemismo”.
Por su parte, el senador Randolfe Rodrigues, presente en la sesión, argumentó que se había demostrado y caracterizado “que vivimos un caso clásico de espionaje político del Gobierno en relación con los opositores”.
Fuentes de la prensa brasileña detallaron que, tras estos hechos, los relatores de las Naciones Unidas podrían tener al Gobierno de Bolsonaro en la lista de Estados que promueven la intimidación.
