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De acuerdo a la Secretaría de Estado de la Administración Penitenciaria (Seape), solo el 6 por ciento de los atacantes provenía del Distrito Federal; la mayoría pertenecía al estado de Sao Paulo con 271 participantes.

De acuerdo a la Secretaría de Estado de la Administración Penitenciaria (Seape), solo el 6 por ciento de los atacantes provenía del Distrito Federal; la mayoría pertenecía al estado de Sao Paulo con 271 participantes. | Foto: Twitter @radio580nic

Publicado 21 enero 2023



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El juez del STF Alexandre de Moraes dictaminó la medida tras concluir un proceso de investigación de 1.406 ciudadanos

El Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF) dictaminó el viernes mantener en prisión preventiva a 942 participantes de los actos vandálicos en el país que atacaron el Congreso, el Palacio de Planalto y dicha sede federal.

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El juez del STF Alexandre de Moraes dictaminó la medida tras concluir un proceso de investigación de 1.406 ciudadanos encarcelados por los ataques, donde se liberaron a 464 personas.

Entre las medidas cautelares dictaminadas se encuentran la cancelación de los pasaportes, la suspensión de la documentación que legaliza la portación de armas de fuego, así como llevar una tobillera electrónica.

La institución estableció que entre otras de las regulaciones a cumplir está la prohibición de la salida del país, el uso de las redes sociales o contactar con otra persona involucrada en los sucesos.

Moraes fundamentó que esta medida es “para garantizar el orden público y asegurar la efectividad de las investigaciones”, al alertar sobre la intención de los simpatizantes bolsonaristas, quienes querían “coaccionar e impedir el ejercicio de los poderes constitucionales”.

Los cargos que enfrentan los brasileños con prisión preventiva son calificados como “preparatorios de terrorismo”, asociación delictiva, abolición violenta del Estado democrático de derecho, golpe de Estado, así como amenaza e instigación al delito.

De acuerdo a la Secretaría de Estado de la Administración Penitenciaria (Seape), solo el 6 por ciento de los atacantes provenía del Distrito Federal; la mayoría pertenecía al estado de Sao Paulo con 271 participantes.


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