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Otras organizaciones indígenas han denunciado la invasión de mineros ilegales a las comunidades.

Otras organizaciones indígenas han denunciado la invasión de mineros ilegales a las comunidades. | Foto: Socioambiental

Publicado 26 abril 2022



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El pasado 11 de abril la Asociación Hutukara Yanomami había evidenciado que la práctica de la minería ilegal contribuía al incremento de la explotación sexual

El presidente del Consejo Distrital de Salud Indígena Yanomami y Ye'kwana (Condisi-YY), Júnior Hekurari, denunció este martes el feminicidio cometido contra una niña yanomami, después de ser secuestrada y violada por mineros que invadieron la comunidad de Aracaçá, en el estado brasileño de Roraima.

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De igual manera, el líder precisó que el cuerpo de la niña está en la comunidad, al mismo tiempo, notificó que otra niña está desaparecida, la cual también fue secuestrada por los garimpeiros que invadieron el territorio indígena.

La infante está desaparecida dentro del río, señaló el presidente de Condisi, quien además corroboró que las autoridades y el Ministerio Público de la Federación fueron informados de de las violencias cometidas en la comunidad.

El pasado 11 de abril, la Asociación Hutukara Yanomami había evidenciado que la práctica de la minería ilegal contribuía al incremento de la explotación sexual en tierra indígena brasileña de yanomami. 

En un contexto donde la minería ilegal tuvo un crecimiento del 30 por ciento en 2020 y del 46 por ciento en 2021 en territorio yanamomi, un informe que la agrupación reveló señala que mineros ilegales violentan sistemáticamente a mujeres, niñas y niños a cambio de comida, al mismo tiempo, se detallan casos de violación a infantes en tierra indígena yanomami.

Otras organizaciones indígenas han denunciado la invasión de mineros ilegales a dichas comunidades, entre ellas Centro de Trabajo Indígena (CTI) y el Consejo Indígena de los Kanamari de Juruá y Jutaí y  la Asociación de Kanamari de Valle de Javari, en la Amazonía brasileña.

Para los indígenas yanomami, la invasión garimpeiro es el resultado de las políticas del gobierno del presidente brasileño Jair Bolsonaro. Según las declaraciones de las organizaciones, la “política del actual gobierno” es “incentivar y apoyar la actividad, a pesar de su carácter ilegal, generando así la expectativa de regularización de la práctica”.


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