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La situación de los trabajadores en Brasil se ha agravado en medio de la pandemia de la Covid-19 y durante el Gobierno de Bolsonaro.

La situación de los trabajadores en Brasil se ha agravado en medio de la pandemia de la Covid-19 y durante el Gobierno de Bolsonaro. | Foto: EFE

Publicado 26 agosto 2020


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La Fiscalía laboral pidió el martes que un tribunal resuelva la situación creada por la huelga de trabajadores postales.

Una solicitud ante el Tribunal Superior del Trabajo presentada por el Ministerio Público del Trabajo (Fiscalía Laboral) pretende acabar con la falta de entendimiento de las partes en la huelga de trabajadores postales que inició el 18 de agosto.

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La noticia llega dos días después que el gremio de trabajadores postales decidiera continuar por tiempo indefinido la huelga que comenzó luego que la empresa estatal lograra en los tribunales reducir el convenio colectivo firmado con los trabajadores en 2019 y que tendría vigencia hasta el 2021. 

La decisión de primera instancia fue ratificada por una votación en el Tribunal Supremo Federal de Brasil. De esta manera, el contrato derivado de la negociación colectiva sería efectiva solo por 12 meses, con lo cual terminaría en este año 2020.

La Federación Interestatal de Sindicatos de Correos (Findect) afirma que, sin entendimiento con los trabajadores, Correos propuso un nuevo convenio que excluía 70 de las 79 cláusulas del documento aprobado el año pasado. Las modificaciones extinguen la baja por maternidad de 180 días, así como el riesgo adicional del 30 por ciento y una reducción de cupones de alimentos.

Según la Federación Nacional de Trabajadores de Empresas de Correos, Telégrafos y Similares (Fentect) otro de los sindicatos involucrados en el contencioso, los trabajadores continúan la lucha contra la privatización promocionada por el Gobierno de Bolsonaro y la principal oficina de correos.

En un comunicado hecho público este martes, los manifestantes aseguran que a fin de privatizar esta empresa "el Gobierno ha venido promoviendo el desguace y cierre de sucursales, promoviendo despidos para facilitar la privatización".


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