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El presidente Bolsonaro ha venido restando importancia a las acusaciones que lo vinculan al detrimento de la calidad de vida de los indígenas y la destrucción paulatina de la Amazonía.

El presidente Bolsonaro ha venido restando importancia a las acusaciones que lo vinculan al detrimento de la calidad de vida de los indígenas y la destrucción paulatina de la Amazonía. | Foto: @MmmMoray

Publicado 28 noviembre 2019





La Comisión Arns fue la encargada de oficializar esta denuncia ante el despacho de la CPI junto al Colectivo de Abogados por los Derechos Humanos de Brasil. 

 

La Corte Penal Internacional (CPI) recibió el pasado miércoles 27 de noviembre la denuncia de dos organizaciones humanitarias contra el primer mandatario de Brasil, Jair Bolsonaro, por considerarlo responsable de promover crímenes contra la humanidad e incitación al genocidio de pueblos indígenas en esa nación suramericana. 

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Los defensores de Derechos Humanos y miembros de las organizaciones denunciantes afirmaron que Bolsonaro es responsable de "incitar al genocidio y promover ataques sistemáticos contra los pueblos indígenas de Brasil". 

El presidente de la Comisión Arns, José Carlos Dias, expresó que "en Brasil no encontramos un camino eficiente para procesar a Bolsonaro por lo que esperamos que la presentación ante el Tribunal estimule a las fuerzas internas del país para que se investigue estos temas".

La etnias indígenas de Brasil han visto comprometida su estabilidad territorial tras las políticas de extracción de minerales y riquezas aplicadas por Bolsonaro. | Foto referencial: @dronecoria

La denuncia también atribuye al presidente brasileño delitos ambientales, tras la inacción que demostró durante los voraces incendios que arrasaron con la Amazonía en el mes de agosto de este año y que se extendieron por al menos 23 días. 

Se conoció que el encargado de las labores judiciales e investigativas recayeron sobre el jefe fiscal, Fatou Bensouda, quien en lo sucesivo deberá solicitar información a los entes y organismos internacionales que puedan presentar evidencia significativa para esta querella contra Bolsonaro.

De acuerdo con las declaraciones de los querellantes, esta delación busca hacer cumplir el Estatuto de Roma, con el cual el jefe de Estado de Brasil podría ser inculpado de crímenes de lesa humanidad.

Las sanciones que estipula el Estatuto de Roma van desde la incautación de bienes, imposición de multas, cárcel hasta por 30 años y cadena perpetua en casos de delitos extremos.

Brasil forma parte de este tratado Internacional desde el año 1998, cuando engrosó la lista de naciones signatarias, quienes en la actualidad reconocen la legalidad y las implicaciones judiciales que enmarcan el estatuto. 


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