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Desde 2019, el STF decidió que la homofobia es un delito  y enmarcó la práctica en la misma ley que trata el racismo.

Desde 2019, el STF decidió que la homofobia es un delito y enmarcó la práctica en la misma ley que trata el racismo. | Foto: Twitter @portaldopoder

Publicado 1 febrero 2022



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Corresponde ahora al Tribunal Supremo decidir si acepta la denuncia y convierte a Milton Ribeiro en imputado en el mismo.

La Procudaría General de la República, de Brasi, denunció al ministro de Eduación del Gobierno de Jair Bolsonaro, Milton Ribeiro, por dichos homofóbicos del titular en septiembre de 2020.

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Milton Ribeiro, además de ministro de Educación también es pastor evangélico, afirmó que los adolescentes homosexuales provienen de familias disfuncionales; y dijo que no estaba de acuerdo con la homosexualidad.

Además, afirmó que “Creo que los adolescentes, que muchas veces optan por transitar el camino de la homosexualidad, tienen un contexto familiar muy cercano, basta con hacer una búsqueda. Son familias inadaptadas, algunas. Falta de atención del padre, falta de atención de la madre".

"Veo a un niño de 12, 13 años que elige ser gay, nunca ha estado con una mujer de verdad, con un hombre de verdad, y dando vueltas. Son cuestiones de valores y principios”, añadió.

Tras la denuncia, le corresponde al Supremo Tribunal Federal decidir si acepta la denuncia y lo convierte en imputado. El relator del caso es Dias Toffoli.

En la denuncia, el viceprocurador general la PGR, Humberto Jacques de Medeiros, argumenta que Ribeiro, al afirmar que los adolescentes homosexuales provienen de familias disfuncionales, (…) discrimina a los jóvenes por su orientación sexual y perjudica a las familias.

Después de los dichos iniciales de 2020, en una declaración a la Policía Federal en febrero de 2021, Ribeiro afirmó que no tenía intención de faltarle el respeto a las personas al afirmar que los homosexuales provienen de familias disfuncionales.

Desde 2019, el STF decidió que la homofobia es un delito  y enmarcó la práctica en la misma ley que trata el racismo (7.716, de 1989). El resultado del juicio fue de ocho votos contra tres a favor de la penalización. 


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