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Wilson Witzel se encontraba apartado de sus responsabilidades desde agosto pasado, bajo la acusación de presunta corrupción.

Wilson Witzel se encontraba apartado de sus responsabilidades desde agosto pasado, bajo la acusación de presunta corrupción. | Foto: Twitter: Wilson Witzel

Publicado 12 febrero 2021



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Wilson Witzel se convierte en acusado de corrupción y lavado de dinero y es destituido del Gobierno regional un año más.

El Tribunal Especial del Tribunal Superior de Justicia, de Brasil, (STJ) aprobó por unanimidad, el jueves, la recepción de la denuncia contra Wilson Witzel, por lo cual el gobernador destituido de Río de Janeiro es ahora imputado por corrupción pasiva y lavado de dinero.

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Los magistrados también votaron para destituir a Witzel de su cargo por un año más. Una decisión del propio STJ, removió a Witzel a fines de agosto por 180 días, término el cual terminaría a fines de este mes.

La prórroga por otro año también se aplica a otras medidas cautelares. Por decisión judicial, Witzel tiene prohibido: asistir a la sede del Poder Ejecutivo; mantenerse en contacto con los servidores públicos así como vivir en el Palacio Laranjeiras, residencia oficial del Gobierno.

En respuesta, Witzel criticó la recepción de la denuncia por parte del STJ y dijo que nunca practicó ningún acto ilegal.

El gobernador fue denunciado por el Ministerio Público Federal en el operativo Tris en Idem, una operación emergida del caso "LavaJato" en Río de Janeiro el cual señaló corrupción en el sistema de salud del estado sureño. La sospecha es que el gobernador recibió, a través del bufete de abogados de su esposa Helena Witzel, el equivalente a más de 100.000 dólares en sobornos.

El descubrimiento de la trama criminal comenzó con la investigación de irregularidades en la contratación de hospitales de campaña, respiradores y medicamentos para hacer frente a la pandemia de la Covid-19. De acuerdo a  la Fiscalía, el gobierno de Río de Janeiro ha establecido un esquema de sobornos para la contratación de emergencia y para la liberación de pagos a las organizaciones sociales que brindan servicios al Gobierno, en especial en las áreas de Salud y Educación. 
 


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