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El MST denunció que no solo trabajaban en condiciones de semiesclavitud, sino que Usina União e Indústria S.A. habría ordenado el desalojo de los campesinos sin tierra.

El MST denunció que no solo trabajaban en condiciones de semiesclavitud, sino que Usina União e Indústria S.A. habría ordenado el desalojo de los campesinos sin tierra. | Foto: Twitte: MST

Publicado 25 mayo 2021 (Hace 4 horas 26 minutos)



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En medio de la pandemia, con una operación aérea, tropas de choque y caballería se llevó a cabo el desalojo, dijo el MST.

El desalojo de familias campesinas sin tierra no se han detenido en Brasil en medio de la pandemia de la Covid-19 y el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) denunció que la más reciente ocurrió este martes cuando unas 200 familias de Camp Kindness, en Amaraji, Pernambuco (noreste del país) fueron expulsadas.

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De acuerdo al MST, el operativo sobre el campamento ubicado en Engenho Bonfim, Zona da Mata Sul de Pernambuco, a 96 kilómetros de Recife, se llevó adelante con un ataque de bombas lacrimógenas y balas de goma, luego de las denuncias de amenazas que venían sufriendo las familias. 

Según los trabajadores desalojados, las acciones del deshaucio se habrían hecho a instancias de la empresa Usina União e Indústria S.A. con intereses en la zona, al tiempo que denuncian la falta de diálogo con los órganos responsables. 

En la acción de desalojo participaron unos 450 policías del Batallón Especializado de Vigilancia Interior (BEPI), el Batallón de Choque de la Policía Militar y la Caballería de la Policía Militar, así como un helicóptero de la Secretaría de Defensa Social.

Ante las amenazas de desalojo que venían produciéndose desde hace varias semanas, el miércoles pasado, el Ministerio Público de Pernambuco declaró en un comunicado que "iría al asentamiento a hablar con los colonos para buscar una solución pacífica para el cumplimiento de la decisión judicial".

Luego de la intensificación de la violencia contra los campesinos en el Campamento Bondad, en Amaraji, se activó la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa de Pernambuco (Alepe).

En ese mismo sentido, la Comisión de Derechos Humanos y Minorías (CDHM) de la Cámara Federal, notificó a los órganos judiciales de Amaraji y del estado de Pernambuco sobre la intención de realizar una audiencia atendiendo a las violaciones sistemáticas contra las familias.

Sin embargo, las familias afirman que ni el Gobierno del Estado, el Instituto de Tierras y Reforma Agraria de Pernambuco (Iterpe), ni el Ministerio Público de Pernambuco (MPPE) ofrecieron una solución al conflicto agrario con los propietarios de Usina União.

Además de ser el autor de la solicitud de desalojo, Usina União e Indústria S.A. ya había sido denunciada por el propio Ministerio Público por perpetuar un trabajo análogo a la esclavitud. Muchos de estos trabajadores que se encontraban en una situación similar a la esclavitud son los mismos que fueron desalojados en Camp Kindness esta jornadas.

De acuerdo a una encuesta realizada por la campaña Cero Desalojos, más de 12.000 familias fueron sacadas de sus hogares por expropiación durante la pandemia, y otras más de 72.000 están amenazadas de desalojo. Solo en Pernambuco, el número de familias amenazadas llega a más de 8.000 hogares periféricos en áreas urbanas y rurales.


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