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La inestabilidad económica y política activó también las protestas sociales en Bolivia.

La inestabilidad económica y política activó también las protestas sociales en Bolivia. | Foto: EFE

Publicado 10 octubre 2020


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Desde noviembre de 2019, con el arribo del Gobierno de facto, la situación política, económica, social y cultural boliviana se ha deprimido.

Bolivia celebrará el próximo 18 de octubre sus elecciones generales donde serán elegidos presidente, vicepresidente, senadores y diputados para el período 2020-2025. El país arriba a estos comicios con una situación social y política deprimida y una crisis económica agravada por la pandemia de la Covid-19. Un escenario complejo ante las venideras votaciones.

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Desde el 13 de noviembre de 2019, la exlegisladora opositora Jeanine Áñez se autoproclamó presidenta interina y desde entonces el Gobierno de facto boliviano ha sumido al país en un clima de incertidumbre política que se han reflejado en todas las instancias de la vida nacional.

A finales de agosto, la alta comisionada de Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, advertía que “Bolivia necesita superar la polarización que ha marcado al país durante tanto tiempo y avanzar hacia una sociedad basada en el diálogo, donde todos sean integrados y reconocidos".

Mientras, la secretaria de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Alicia Bárcena, afirmó que es necesario que haya un gobierno legítimo, cualquiera que este sea, y “no uno de transición, porque ahí es donde creo que sí las políticas no podrían ser duraderas”.

Economía en crisis y deterioro cultural

El desarrollo económico y los programas sociales que fueron alcanzados durante 14 años de Gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) fueron destruidos en tan solo nueve meses del Gobierno de facto de Jeanine Áñez.

El 2020 ha representado para Bolivia su peor año económico en décadas, caracterizado por los despidos de trabajadores, así como el cierre o reducción de empresas, situación agudizada por la crisis ocasionada por la pandemia de la Covid-19.

De acuerdo con datos del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla), con sede en La Paz, en el país se ha agravado la pobreza y la tasa de desempleo urbano se acrecentó en un 5,2 por ciento para situarse en un 9,4 por ciento. Mientras, la informalidad es de aproximadamente el 80 por ciento de la población económicamente activa.

En tanto, el Banco Mundial vaticinó que la recesión en Bolivia provocará en 2020 una caída del 5,9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), una cifra solo comparable con los años 80, cuando se vivió una devaluación e inflación histórica y, sin embargo, la peor tasa registrada fue de menos cuatro por ciento.

Asimismo, el Fondo Monetario Internacional pronosticó que el desempleo en el país crecerá hasta el ocho por ciento durante el 2020, en un país con una de las economías informales más altas del mundo, con cerca del 62 por ciento de trabajadores de la economía sumergida.

En este contexto, la consultora con sede en Nueva York, Estados Unidos, Torino Economics, reveló que la contracción de las inversiones podría llegar al 6,3 por ciento, debido a impactos negativos de la pandemia en los sectores de gas y petróleo, minerales, comercio y servicios, industrial y manufactura, así como a las significativas caídas en la recaudación fiscal.

Por otra parte, al iniciar la cuarentena por la Covid-19 en Bolivia el pasado marzo, la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba advertía que el 80 por ciento de unas 5.000 empresas registradas entraba en crisis.

Esta realidad contrasta con lo vivido entre los años 2010 y el 2018, durante la presidencia de Evo Morales, cuando la economía boliviana creció anualmente por encima del cuatro por ciento, e incluso, en el 2016 alcanzó un pico de 6,7 por ciento.

En tal sentido, el exmandatario denunció el pasado septiembre que la crisis económica en el país es tan graves, que ha generado más de un millón de nuevos pobres.

Mientras, el candidato presidencial por el MAS, Luis Arce, declaró que Bolivia debe rescatar el alto poder económico alcanzado durante los mandatos de Evo Morales, pues el gobierno de facto de Áñez tomó decisiones y llevó al país a una desestabilización política y económica, ocasionando una “reducción de ingresos al país” que “provoca desempleo y hambre en el pueblo”.

En tanto, la cultura también ha atravesado por un período de crisis tras el cierre a principios de junio del Ministerio de Culturas, por falta de presupuesto, medida a la que reaccionaron de manera masiva los artistas y ciudadanos.

En palabras de la exministra del sector, Zulma Yugar, “quiero creer que la decisión de la Presidenta no es más que un mal asesoramiento, porque un pueblo sin cultura es un pueblo sin alma”.

Mientras tanto, el Museo Nacional de Arte (MNA) y el Museo Nacional de Etnografía y Folklore (MUSEF), con sede en La Paz, Bolivia, quedaron sin dirección en plena pandemia, pues ambas entidades se supeditaban al Directorio de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia (FCBCB), donde se registraron renuncias forzadas de los directores Max Jorge Hinderer Cruz, del MNA y Elvira Espejo Ayca, del MUSEF.

Estallido social y caos político

Las masacres acaecidas en noviembre del 2019 ofrecen un panorama de la situación social del país. Con más de 35 muertos y 600 heridos, detenidos y desaparecidos, los hechos de Senkata y Sacaba fueron solo una muestra de la persecución política y judicial del régimen golpista que ha continuado meses después en contra de funcionarios del gobierno del exmandatario Evo Morales.

El Gobierno de facto ha aplicado presión a fiscales y jueces para que actúen favorable a sus intereses, y se han abierto más de 150 investigaciones penales por los delitos de sedición o terrorismo contra partidarios y personas vinculadas al Gobierno del expresidente.

 

En este sentido, de acuerdo con organizaciones humanitarias, se detectaron en las investigaciones contra exmiembros del Gobierno de Morales y simpatizantes evidencias “de cargos infundados, violaciones del debido proceso, cercenamiento de la libertad de expresión y uso excesivo y arbitrario de la detención preventiva”.

La inestabilidad económica y política activó también las protestas sociales en Bolivia. En plena pandemia trabajadores que se movilizan en las calles para exigir acciones por parte del Gobierno de la presidenta de facto Jeanine Áñez.

Además, se han realizado desde junio en el país multitudinarias movilizaciones convocadas por diferentes organizaciones sociales, sindicales y políticas para exigir la realización de elecciones, la salida del Gobierno de los golpistas, así como el cese de la persecución política y la corrupción.

Igualmente, han denunciado que el Gobierno de facto encabezado por Jeanine Áñez se roba los recursos del país, y ha manejado mal la pandemia.

En cuanto a la Covid-19, la nación suramericana ha visto colapsado su sistema sanitario, ocasionando la muerte de miles de personas. Mientras, se han reportado casos de corrupción relacionados con el manejo de la pandemia, como el “caso respiradores”, en el cual estuvieron implicados altos funcionarios del Gobierno de facto.

 

Al respecto, la exsenadora y exministra de Salud boliviana, Gabriela Montaño, afirmó que la crisis sanitaria ha sido mal administrada por el "Gobierno golpista" con hechos de corrupción "absolutamente imperdonables".

En medio de este escenario, la crisis política derivada del golpe de Estado en el 2019, se vio agravada tras el aplazamiento de las elecciones tres veces.

Incluso, dentro del Gobierno de facto ha existido también una crisis, pues las renuncias registradas evidencian las fuertes disputas internas.


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