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La senadora cuestionó el mal manejo de los recursos del Estado para enfrentar la pandemia de la Covid-19.

La senadora cuestionó el mal manejo de los recursos del Estado para enfrentar la pandemia de la Covid-19. | Foto: @Adriana1989sa

Publicado 3 agosto 2020


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Durante los nueve meses del Gobierno de facto más de 3.000 bolivianos han muerto por diferentes causas.

La senadora por el Movimiento al Socialismo (MAS), Adriana Salvatierra, consideró que el Gobierno de facto de Bolivia ha llevado a una crisis económica, política y social al país, y cuestionó que esta gestión será la que defenderá la presidenta de facto, Jeanine Áñez, en el discurso por el aniversario 195 de la independencia de la nación este jueves.

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De acuerdo con Salvatierra, durante los nueve meses de gestión de Áñez, más de 3.000 bolivianos han muerto por diferentes causas, mientras que unos 30 han perecido producto de la represión de militares y policías.

Asimismo, resaltó que como resultado de la pandemia de la Covid-19, unas 3.153 víctimas fatales han sido reportadas por el Ministerio de Salud, situación generada principalmente por la mala gestión de las autoridades de la situación sanitaria.

En este mismo contexto de la pandemia, Salvatierra subrayó que el Gobierno de facto pone en peligro la educación de al menos 3 millones de estudiantes, al cerrar anticipadamente el curso escolar, sin ofrecerles otras alternativas para finalizar sus clases.  

Agregó sobre la educación que, debido a las políticas erradas del Ejecutivo de facto, hoy se ve comprometido el funcionamiento de las universidades públicas bolivianas por falta de ingresos.

En tanto, en la cuestión económica, la senadora citó datos del Banco Mundial que prevén una contracción del seis al ocho por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del país suramericano al cierre del 2020.

En este sentido, también resaltó el mal manejo de los recursos del Estado para enfrentar la pandemia de la Covid-19, refiriéndose fundamentalmente al empleo del 13,7 por ciento (5.800 millones de dólares, aproximadamente) del PIB.

En varias ocasiones, tanto el Gobierno de facto de Jeanine Áñez como su gabinete, han sido acusados de abuso de poder, violentar las leyes e incumplir con las normas establecidas para un Gobierno de transición.


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