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"Corresponde a la autoridad judicial llevar la tramitación de la extradición del señor Murillo", dijo Juan Lanchipa.

"Corresponde a la autoridad judicial llevar la tramitación de la extradición del señor Murillo", dijo Juan Lanchipa. | Foto: EFE

Publicado 14 septiembre 2021



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El proceso penal que se sigue en contra de Murillo, es por la presunta comisión de los delitos de Uso Indebido de Influencias y otros.

El fiscal General del Estado de Bolivia, Juan Lanchipa Ponce, precisó este martes en conferencia de prensa que se oficializó la solicitud de extradición del exministro de Gobierno de facto, Arturo Murillo Prijic, detenido en Estados Unidos (EE.UU.), acusado de lavado de dinero y corrupción.

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Esta formalización se realizó a través de la Fiscalía Especializada en Delitos de Anticorrupción, Legitimación de Ganancias Ilícitas y en Delitos Aduaneros y Tributarios y fue presentado ante el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Violencia contra la Mujer Tercero de la ciudad de La Paz, por el caso denominado “Gases Lacrimógenos”.

“Hoy la Comisión de Fiscales presentó ante la autoridad jurisdiccional toda la documentación solicitando la extradición del señor Murillo, trabajo que comprende más de 2.000 hojas traducidas al inglés, con ello el Ministerio Público cumplió con la labor administrativa solicitada por el Órgano Judicial”, indicó Juan Lanchipa.

"Ahora corresponde a la autoridad judicial llevar adelante la tramitación de la extradición del señor Murillo a través de la cancillería boliviana y ser enviada a Estados Unidos”, dijo.

El proceso penal que se sigue en contra de Murillo es por la presunta comisión de los delitos de Uso Indebido de Influencias y otros, relacionados a dicho caso en el que se investiga la adquisición del material lacrimógeno con presunto sobreprecio. Esto está relacionado con los delitos de lavado de dinero y soborno por los que el exministro de facto está detenido en EE.UU. desde mayo.  

Arturo Murillo, de 57 años, y el exjefe de Gabinete, Sergio Méndez, de 51 años, fueron arrestados los pasados 21 y 22 de mayo en los estados de Florida y Georgia en Estados Unidos. Ambos se desempeñaron entre 2019 y 2020 como funcionarios durante el gobierno de la expresidenta de facto Jeanine Áñez, durante el golpe de estado en Bolivia.


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