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Luis Arce anunció que se investigará la masacre ocurrida el 19 de noviembre de 2019 y se hará justicia.

Luis Arce anunció que se investigará la masacre ocurrida el 19 de noviembre de 2019 y se hará justicia. | Foto: Twitter @LuchoXBolivia

Publicado 2 noviembre 2020


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Arce prometió a familiares de las víctimas que se dará con los responsables intelectuales y materiales de la masacre.

El presidente electo de Bolivia, Luis Arce, declaró este domingo que su Gobierno investigará la masacre de Senkata y dará con los responsables de los asesinatos cometidos allí durante la intervención policial-militar del 19 de noviembre de 2019.

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En una visita a la mesa común de difuntos instalada en el Distrito 8 de Senkata, al sur de la ciudad de El Alto, Arce prometió a familiares de las víctimas que hallarán a los responsables intelectuales y materiales de las muertes de 10 vecinos, en una represión ordenada por el Gobierno de facto de Jeanine Áñez, y se hará justicia.

Arce departió con la presidenta de la Asociación de Víctimas, Gloria Quispe, quien le refirió los suplicios sufridos por su familia y otras que perdieron a sus parientes durante la masacre, como la catalogó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

"Nos han dicho terroristas, maleantes", agregó Quispe en referencia a las mentiras divulgadas por el Gobierno de facto acerca de los hechos. A propósito de estas, otra asistente a la ceremonia dijo al presidente electo que el actual ministro de facto de Gobierno, Arturo Murillo, declaró que las víctimas se mataron entre ellas, mientras que el titular de facto de Defensa, Luis Fernando López, aseguró entonces que efectivos del Ejército no dispararon "ni un solo cartucho".

El viernes pasado, la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) aprobó un informe de la comisión mixta que investigó las masacres de Sacaba (15 de noviembre), Senkata y otros hechos de este tipo.

Los legisladores recomendaron un juicio de responsabilidades por genocidio contra Áñez y procesos penales contra 11 ministros y exministros de facto, por delitos de genocidio, asesinato y resoluciones contrarias a la Constitución, entre otros.

Estas masacres ocurrieron unos días después de la consumación del golpe de Estado de 2019, cuando la presidenta de facto ordenó la intervención de la Policía y las Fuerzas Armadas contra los manifestantes que denunciaban la asonada, exigían la salida de los golpistas del Gobierno y pedían el regreso del exmandatario Evo Morales.


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