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Pobladores de Cochabamba protestan contra la falta de atención del Gobierno de facto en medio de la pandemia.

Pobladores de Cochabamba protestan contra la falta de atención del Gobierno de facto en medio de la pandemia. | Foto: Twitter @Stalingrado

Publicado 13 mayo 2020


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Las declaraciones de repudio fueron realizadas luego de que un funcionario gubernamental acusara al expresidente de incitar a la violencia en el país.

El partido Movimiento al Socialismo (MAS) rechazó las acusaciones formuladas contra el exmandatario Evo Morales por parte del ministro de Gobierno de facto, Arturo Murillo.

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Parlamentarios de la bancada del MAS aseguraron que el movimiento hecho por Murillo es una estratagema para desviar la atención de los bolivianos y así ocultar las deficiencias que el Ejecutivo, liderado por la autoproclamada presidenta Jeanine Áñez, ha presentado en la lucha contra la pandemia de Covid-19.

“La corrupción en el ministerio de Defensa, la represión brutal de ayer en Cochabamba, a la cara, la violación de los Derechos Humanos, constantemente y día a día, el malestar de las Fuerzas Armadas y de la Policía, y la falta de capacidad de enfrentar esta pandemia”, son algunos de los problemas que pretende ocultar el Gobierno de facto, según la diputada del MAS, Betty Yañíquez.

Por su parte, la también parlamentaria masista Sonia Brito, expresó que “son tantas las muestras de indignación, de queja, de bronca del pueblo, y un descontrol por parte del Gobierno de facto, que no está pudiendo controlar todas esas demandas, esas quejas del pueblo, que empieza a echar la culpa al MAS”.

Las declaraciones constituyen la respuesta de la fuerza política a la que pertenece Evo Morales, contra acusaciones que Murillo consignó en una carta que, supuestamente, va dirigida al exmandatario.

En la misiva, según dijo el propio Murillo, acusa a Morales de instigar a la violencia en Bolivia, y lo conmina a cesar en dichos propósitos. Murillo hará llegar la carta al expresidente a través del candidato presidencial del MAS, Luis Arce.

El documento siguió a protestas sociales registradas en Cochabamba, en demanda de apoyo gubernamental para enfrentar la pandemia y de realización de elecciones en el plazo indicado en la ley recientemente aprobada.

Las manifestaciones fueron reprimidas por la fuerza pública boliviana, con el empleo de efectivos, armas y medios antidisturbios.


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