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Se han divulgado contratos para emitir pagos a comunicadores a cambio de trabajos que realzaran al Gobierno de facto.
El Gobierno de facto de Jeanine Áñez contrató con recursos del Estado boliviano a periodistas con la intención de realizar trabajos para desprestigiar al expresidente Evo Morales y reforzar la tesis de que en esa nación no hubo golpe de Estado, sino sucesión constitucional.
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Desde finales de marzo e inicios de abril, medios bolivianos han hecho públicos los contratos que respaldan la emisión de pagos a favor de Nancy Vacaflor González, Humberto Vacaflor Ganam y Carlos Valverde Bravo por publicar trabajos que procuraban, además, difundir información favorable al régimen de facto.
En el caso de Vacaflor González, quien es la jefa de prensa del medio digital Agencia de Noticias Fides, recibió 30.000 mil bolivianos (4.532 dólares) por concepto de la “Consultoría de Sistematización Periodística de la Unidad de Proyectos Especiales”.
En 2019 #Bolivia sufrió un Golpe de Estado favorecido por @Almagro_OEA2015, dejando muertos, cientos de heridos, encarcelados y perseguidos políticos. Exigimos respeto a nuestra democracia, recuperada en 2020, gracias a la resistencia del pueblo boliviano. ¡Viva la #PatriaGrande!
— Luis Arce Catacora (Lucho Arce) (@LuchoXBolivia) April 3, 2021
Además del contrato, también se hizo pública una carta enviada por la comunicadora al entonces ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, al momento de entregar dicho trabajo, que realizó en tiempo récord y fue utilizado para desprestigiar al Gobierno de Evo Morales.
También trascendió que Humberto Vacaflor Ganam habría cobrado la suma de 82.000 bolivianos (11.900 dólares) por realizar artículos de opinión a favor de Áñez para el periódico estatal Bolivia.
Así se convierte una mentira en verdad: 1. No hubo golpe: renunció un día antes. 2.Decidió renunciar un día antes. 3.Decidió renunciar un día antes pero ahora lo niega. 4. Publica la página (subrrayada) como prueba de su versión, pero ahí dice domingo, no sábado. @teleSURtv pic.twitter.com/ZyN0DkSgq0
— Freddy Morales (@FreddyteleSUR) March 31, 2021
En el caso de este comunicador, se difundió que a partir de septiembre de 2020 cobraba también otro salario como analista político para el canal estatal Bolivia TV, cuestión incompatible con leyes del país.
Según el Decreto Supremo DS 0014, del Estatuto del Funcionario Público, los servidores públicos no pueden ejercer más de una actividad remunerada en la Administración Pública en general. La inobservancia de este requisito “genera responsabilidad administrativa, civil y penal”, precisa el texto.
Por su parte, el presentador Carlos Valverde Bravo suscribió un contrato con el Estado por 75.275 bolivianos (10.920 dólares) para escribir a favor del régimen de Añez, entre diciembre de 2019 y 2020.
Ninguno de los tres periodistas negó las denuncias publicadas en los medios, que dejaron claro que el Gobierno de facto no abandonó el propósito de convertir en verdad la tesis de que hubo fraude electoral en 2019, lo cual derivó en el derrocamiento del expresidente Evo Morales.
