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 La presidenta Jeanine Áñez, empezó a entregar este jueves el lote donde estaban los respiradores defectuosos.

La presidenta Jeanine Áñez, empezó a entregar este jueves el lote donde estaban los respiradores defectuosos. | Foto: EFE

Publicado 16 mayo 2020



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Diversos líderes políticos cuestionan el manejo en salubridad que el Gobierno de facto está implementando en el país, asimismo. denuncian que los ciudadanos no cuentan con apoyo económico en medio de la pandemia.

Varias personalidades, políticos y organizaciones de Bolivia denuncian el manejo del Gobierno de facto de la crisis sanitaria por la Covid-19.

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Entre ellos resalta el expresidente de la nación Evo Morales que dijo este sábado que 170 respiradores adquiridos por la administración de Jeanine Áñez no son adecuados para tratar pacientes del nuevo coronavirus en terapia intensiva.

Según publica en su cuenta en Twitter, este hecho fue denunciado por el presidente de Sociedad de Medicina Crítica y Terapia Intensiva. “Hay vidas en riesgo por ineptitud y falta de planificación”, dijo Morales.

Al respecto el propio Ministro de Salud, Marcelo Navajas, admitió que son “respiradores de emergencia “que solo sirven para una situación de extrema emergencia (...) mientras llega un verdadero respirador o llega a la unidad de terapia intensiva”.

Por otra parte, el candidato a la presidencia por el Movimiento al Socialismo, Luis Arce, a través de su cuenta en Twitter señaló que “la cuarentena se prolonga porque el gobierno de Bolivia sigue actuando de manera tardía y negligente”.

“Luego de meses llegan equipos que no sirven para pacientes con Covid19 que necesitan internación en UTI (unidades de terapia intensiva). ¡Inconcebible!”, agregó.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo de Bolivia demandó este sábado a las instituciones competentes, celeridad y eficiencia en la puesta en marcha de acciones y mecanismos para cumplir el decreto de Amnistía e Indulto por Razones Humanitarias.

El pronunciamiento de la institución se debe a que a dos semanas de la aprobación de la normativa, no existe ninguna persona privada de libertad beneficiada con las medidas. Por ello la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, recordó a las instancias pertinentes la responsabilidad que tienen para dar cumplimiento al decreto.

Cruz puntualizó que, de acuerdo con cifras oficiales, en enero de este año había 18.126 personas privadas de libertad, lo que representa una sobrepoblación penitenciaria que alcanza al 219,30 por ciento.

Autoridades de Salud del gobierno de facto reportan hasta la fecha 3.577 casos confirmados y 165 fallecidos por la Covid-19.


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