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El dirigente de la Federación Chimoré, Leonardo Loza, denunció que al menos 11 millones de peces murieron a causa del cierre de los surtidores de gasolina en el trópico de Cochabamba.
Autoridades y sindicalistas de la región cocalera boliviana de Chapare han denunciado la situación de bloqueos y extrema de violencia ejercida por el Gobierno de facto, que impactó en la muerte de millones de peces ante la falta de acceso al combustible, necesario para bombear el agua a los surtidores.
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El dirigente de la Federación Chimoré, Leonardo Loza, denunció que al menos 11 millones de peces murieron a causa del cierre de los surtidores de gasolina en el trópico de Cochabamba en plena pandemia del coronavirus.
“(Esta decisión) castiga la zona del trópico, sacude de manera inhumana a la zona, (esto) repercutirá en la falta de alimentación del pueblo boliviano”, manifestó Loza el sábado pasado.
Mueren peces en los criaderos de campesinos del Chapare, por las sanciones del gobierno de facto que suspendió la venta de gasolina por la expulsión, la semana pasada, de 9 policías del pueblo de Shinaota. Un acuerdo, de retorno de los policías, llegó un poco tarde. pic.twitter.com/i204cBBjhe
— Freddy Morales (@FreddyteleSUR) April 23, 2020
Loza lamentó la aprehensión de varias personas, acusadas por narcotráfico, que trataban de llevar combustible “principalmente para la oxigenación de las pozas de los peces”.
El Gobierno Autónomo Municipal de Villa Tunari también denunció la muerte de los peces tras realizar una inspección a los piscicultores de esa región.
“Esta pérdida se debe por la falta de oxigenación que requieren los peces, esta oxigenación requiere que se realice una bomba de agua la cual funciona con combustible que hasta la fecha no se está otorgando en todos los surtidores del municipio..." señala en su página de Facebook.
El Chaparé, núcleo duro de la resistencia indígena, bastión del Movimiento al Socialismo (MAS), ha sido desde el 15 de abril centro del acoso sistemático del Gobierno de facto de la presidenta Jeanine Áñez.
Desde la entrada de policías al Tropico de Cochabamba para hacer tareas de seguridad hasta acusaciones contra el líder cocalero Leonardo Loza, sobre narcotráfico y la cancelación del envio de gasolina y congelación de las actividades financieras de la región.
Este asedio incluye también la amenaza de encapsular a la región, prohibiendo el ingreso y la salida de las personas, a excepción de los uniformados, incluso la prohibición se extendería hasta a las ambulancias.
Esta situación impediría proseguir con la campaña Tropico Solidario en el que se reparten frutas a la gente de escasos recursos económicos, así como el trueque de productos.
Sin gasolina tampoco pueden sacar la producción agrícola, hay cientos de camiones cargados de frutas que van a terminar pudriéndose
Andronico Rodríguez anunció una denuncia contra el Gobierno de facto ante instancias internacionales por la violación de los derechos humanos en la región del trópico y en Bolivia.
El Gobierno de facto anunció en fecha recientes tres juicios penales contra dirigentes sindicales del Chapare, por una movilización de vecinos contra la Policía y supuestas amenazas de muerte contra el ministro de Gobierno, Arturo Murillo.
