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Además de los actos de corrupción, al exministro Murillo se le acusa de ser responsable de la represión que siguió al golpe de Estado en 2019.

Además de los actos de corrupción, al exministro Murillo se le acusa de ser responsable de la represión que siguió al golpe de Estado en 2019. | Foto: Twitter: Evo Morales

Publicado 26 mayo 2021



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La petición surge a raíz de las nuevas evidencias sobre el caso de gases lacrimógenos comprados a sobreprecio.

Bolivia pedirá a Estados Unidos la extradición de dos exfuncionarios del Gobierno de facto (2019-2020) quienes están involucrados, según evidencia surgida en los últimos días, en una compra con sobreprecio de armas y otros artículos destinados a los cuerpos de seguridad pública.

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La información fue adelantada por el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, quien, en conferencia de prensa, explicó detalles de la causa que el Buró Federal de Investigaciones (FBI), desde Estados Unidos, ha desarrollado para la detención de Rodrigo Méndez, jefe de gabinete y mano derecha del exministro Arturo Murillo.

En su comparecencia, Del Castillo señaló que el gobierno boliviano solicitará a Washington la extradición de Méndez y también de Murillo.

El titular calificó de "clan mafioso" la relación entre Méndez y Murillo y extendió sus acusaciones a la exgobernante de facto, Jeanine Áñez, quien guarda prisión provisional por otras causas. 

La detención de Méndez por el FBI responde a los delitos de lavado de dinero y soborno, los cuales estarían relacionados con el desvío y reparto del dinero en la compra de gases lacrimógenos y otras armas letales gestionado por Arturo Murillo y Rodrigo Méndez en los primeros días de su gestión, tras el golpe de Estado contra Evo Morales en 2019.

"Pedimos la activación del sello azul y posteriormente del sello rojo. Enviaremos notas correspondientes al Gobierno norteamericano" para la extradición, anunció Del Castillo.

De acuerdo con los datos ofrecidos por el ministro de Gobierno, la compra de estos materiales e insumos tuvo un costo total por el equivalente de 5.600.000 de dólares, aunque el precio real supondría apenas el equivalente de unos 3.300.00, lo cual supone, de acuerdo a Castillo, un "robo al pueblo boliviano".

Entretanto, el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, se suma al pedido de extradición y remitirá dicha solicitud a la Cancillería para que realice las respectivas gestiones: "Vamos a promover desde el Senado, de manera oficial, ante la Cancillería y ante las instancias que correspondan, la extradición", dijo.

Ya en octubre de 2020, el parlamento boliviano aprobó el informe final de la Comisión Especial Mixta de Investigación sobre la compra de material no letal contra disturbios, que recomendaba remitir una copia a la Fiscalía General del Estado (FGE) para iniciar acciones legales contra cuatro autoridades.


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