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La Defensoría del Pueblo de Bolivia concluyó que la represión policial contra las protestas en Sacaba y Senkata terminó en una masacre y fue responsabilidad del Gobierno de facto.

La Defensoría del Pueblo de Bolivia concluyó que la represión policial contra las protestas en Sacaba y Senkata terminó en una masacre y fue responsabilidad del Gobierno de facto. | Foto: EFE

Publicado 15 octubre 2020


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El Gobierno de Jeanine Áñez está marcado por una deficiente gestión de la pandemia, violencia política y corrupción.

En noviembre de 2019 se consumó en Bolivia el golpe de Estado contra el presidente democráticamente reelecto en los comicios celebrados el 20 de octubre de ese año, Evo Morales.

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El 12 de noviembre, la hasta entonces senadora Jeanine Áñez se autoproclamó presidenta sin contar con el quorum necesario en el Parlamento. Se instauró, ese día, el actual Gobierno de facto que cumplió 11 meses en el poder este lunes.

A casi un año del golpe de Estado, se realizarán en Bolivia este 18 de octubre elecciones presidenciales. El proceso fue pospuesto en tres ocasiones, la última de ellas incumpliendo el pacto entre las organizaciones políticas y el Tribunal Supremo Electoral (TSE) que las fijó para el 6 de septiembre de 2020.

 

En el contexto electoral, teleSUR presenta un balance de la gestión del Gobierno de facto entre noviembre de 2019 y octubre de 2020.

Violencia y represión

Apenas seis días después de su autoproclamación como presidenta de Bolivia, Jeanine Áñez decretó un aumento presupuestal de 5.038.126 dólares aproximadamente para las Fuerzas Armadas (FF.AA.), con el objetivo de enfrentar las exigencias y manifestaciones populares que pedían elecciones generales y el restablecimiento del orden constitucional.

En los días que siguieron al golpe, el país vivió una desestabilización institucional y represión contra centenares de indígenas y otros sectores sociales. En septiembre de 2020 la Defensoría del Pueblo de Bolivia concluyó que la represión policial contra las protestas en las localidades de Sacaba y Senkata terminó en "una masacre" y fue responsabilidad del Gobierno de facto.

La entidad emitió un informe con el título "Crisis de Estado, violación de derechos humanos en Bolivia" en el que registró la muerte de 20 manifestantes y cientos de heridos como consecuencia de la represión desatada entre el 15 y el 19 de noviembre. 

La represión se extendió durante todo el mes de noviembre de 2019. De manera particular, se articuló contra los medios de comunicación que reflejaron la realidad tras el golpe de Estado. El periodista cinco veces ganador del Emmy, Carlos Montero y Juan Manuel Karg fueron expulsados ​​del país.  

Asimismo, la Policía lanzó gas lacrimógeno en la cara de una reportera de Al-Jazeera que transmitía desde la Plaza Murillo en La Paz. La multinacional teleSUR sufrió la expulsión de numerosos corresponsales del país y fue oficialmente retirada del aire el 21 de noviembre. Una situación más grave sufrieron los medios locales bolivianos.

Además, en el mencionado informe de la Defensoría del Pueblo de Bolivia se registraron dos muertes en condiciones similares de represión el 30 de octubre y el 12 de noviembre en los departamentos de Santa Cruz y Potosí, respectivamente. Otras tres se dieron en La Paz, en el marco de las protestas a favor de la bandera wiphala, símbolo de los pueblos originarios que fue ultrajado por los opositores al depuesto Evo Morales.

Durante los 11 meses transcurridos del Gobierno de facto de Jeanine Áñez se mantuvo la militarización y represión sistemáticas. Otros momentos de alza fueron los ocurridos en enero de 2020, cuando se militarizaron las principales ciudades del país de cara a las manifestaciones convocadas para el Día del Estado Plurinacional.

Asimismo, en agosto de 2020  se anunció el uso de la fuerza para reprimir las manifestaciones y bloqueos en medio de las protestas por la postergación de las elecciones generales. En ese sentido, se registraron acciones de represión en la carretera Oruro Potosi (3 de agosto), El Alto (bloqueo de la Ceja, 10 de agosto), Cochabamba y La Paz.

 

Crisis sanitaria 

Cuatro meses después de instalarse el Gobierno de facto en Bolivia se anunciaron, el 10 de marzo de 2020, los dos primeros casos de la Covid-19 en el país. Hasta el 12 de octubre, tras siete meses de detectarse el coronavirus, Bolivia acumulaba 138.695 casos diagnosticados con la Covid-19 (28.846 de ellos activos el 12 de octubre) y 8.326 decesos.

Con una población de 11.501.900 habitantes (10 de septiembre de 2019, Instituto Nacional de Estadística - INE) Bolivia ocupa aproximadamente el lugar 80 (Datos Macro, 2018) entre los países del mundo en este indicador. Desde el punto de vista del impacto de la Covid-19, ocupa el lugar 32 en el número de casos diagnosticados con el coronavirus, el 33 en la proporción de casos por millón de habitantes (12.092) y el 23 en la cantidad de fallecidos.

La evolución de la Covid-19 en el país suramericano está marcada por varias dinámicas. Una de ellas es la existencia de contradicciones entre el Ministerio de Salud de facto y las autoridades departamentales y locales.

El exministro de Salud de Bolivia, Marcelo Navajas, es parte de un escándalo de corrupción desde mayo de 2020 / Foto: EFE

Asimismo, como expresión de estos desencuentros y de otros fenómenos se verifica una crisis e inestabilidad institucional en la principal autoridad sanitaria de Bolivia. A principios de abril de 2020 el ministro de Salud, Aníbal Cruz, fue reemplazado del cargo "por motivos personales". Cruz era una de las autoridades que permanecía en el gabinete de facto desde su investidura tras el golpe de Estado.

En su lugar fue nombrado Marcelo Navajas, quien permaneció en la responsabilidad por un mes. El ministro Navajas fue detenido y removido de su cargo en mayo de 2020, en medio de un escándalo de corrupción por la compra a sobreprecio de 170 equipos de respiración asistida. Navajas fue reemplazado por Eydi Roca.

El 10 de julio de 2020 el ministro de Defensa del Gobierno de facto, el militar Luis Fernando López, asumió la dirección del Ministerio de Salud mientras durara la recuperación de la ministra Eidy Roca, contagiada con la Covid-19. En siete meses de pandemia, la entidad que debía hacer frente a la emergencia sanitaria ha sido dirigida por cuatro titulares.

Además, en medio de la emergencia sanitaria se destaparon los escándalos de corrupción que provocaron la salida del ministro de Salud, Marcelo Navajas.

El 14 de mayo de 2020, Bolivia recibió 170 equipos de respiración asistida con el objetivo de contribuir al enfrentamiento a la Covid-19. El Gobierno de facto pagó un total de 4,7 millones de dólares por los ventiladores, lo que significa cuatro veces más su precio en el mercado. En junio de 2020, la Fiscalía boliviana corroboró la sobrevaloración de los equipos.

En adición, a fines de agosto el presidente de la Cámara de Diputados de Bolivia, Sergio Choque Siñani, informó que una comisión mixta de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) investigaría la compra de 324 respiradores por un costo de 35.000 dólares, cuando la documentación oficial de la comercialización refería un "monto de 8.990 dólares".

Este nuevo escándolo, refería a un nuevo sobreprecio en la obtención de respiradores chinos. El medio Brújula Digital emitió documentos probatorios del pago de 35.000 dólares por cada ventilador, en lugar del precio de 13.000 dólares. 

El pasado 6 de octubre, la Asamblea Legislativa Plurinacional evaluó el informe de la comisión mixta que investigó la compra de los respiradores españoles y chinos. En el mismo se vinculó a la presidenta de facto, Jeanine Áñez y cuatro ministros de su Gobierno con presuntas irregularidades en la compra de dichos equipos.

El informe recomendó dar continuidad a las investigaciones. En ese sentido, pidieron se derivara a la Contraloría General y a la Fiscalía General a la mandataria de facto, a la canciller Karen Longaric y al exministro de Salud, Marcelo Navajas, por su papel en la compra de los respiradores españoles. De igual forma, solicitaron derivar al ministro de Obras Públicas, Iván Arias Durán, y al exministro de Salud Aníbal Cruz, por su papel en la adquisición de los equipos chinos.

A las cifras del impacto de la pandemia en Bolivia, la inestabilidad institucional y los escándalos por corrupción durante los 11 meses del Gobierno de facto se unieron las imágenes que reflejaron el colapso de los servicios médicos y funerarios en el país. 

Durante el mes de julio de 2020, diversos medios de prensa se hicieron eco en el mundo de la existencia de cadáveres en las calles. Entre los días 15 y 20 de ese mes, los efectivos de seguridad recogieron de las calles, casas o vehículos 420 cuerpos en diferentes ciudades. Entre el 80 y 90 por ciento de las muertes se identificaron fueron causadas por la Covid-19.

Diversos medios de prensa en el mundo mostraron las imágenes de fallecidos en las calles bolivianas ante el colapso de los servicios sanitarios y funerarios. / Foto: EFE

Crisis económica y social

En el año 2018 el Producto Interno Bruto (PIB) de Bolivia aceleró su crecimiento y reportó un aumento del 4,2 por ciento. Con este resultado, se mantuvo una tendencia que en 2016 se tradujo en 4,3 por ciento y en 2017 en 4,2 por ciento de crecimiento. Los datos irrumpieron en un escenario regional desfavorable, en que las economías no lograban despegar en su mayoría.

Por su parte, el Ministerio de Planificación del Desarrollo informó que en 2018 se registró el mínimo histórico en la tasa de desempleo, que alcanzó un 4,2 por ciento. 

Para el 2019, si bien el Instituto Nacional de Estadística (INE) comunicó en octubre de ese año que Bolivia cerraría con un crecimiento del PIB de 3,38 por ciento (menor al año precedente), se mantenía favorable el indicador en comparación con la mayoría de las economías de América Latina y el Caribe.

El año 2020 inició marcado por la gestión del Gobierno de facto y, para marzo, la llegada a Bolivia de la Covid-19 que ha tenido un impacto en las economías del mundo. Según el INE, la economía del país andino sufrió una caída del 7,96 por ciento entre enero y junio del actual año, en comparación con igual periodo de 2019.

Por su parte, el empleo alcanzó el 11,8 por ciento en julio de 2020. En comparación con el cierre del año 2019 (4,8 por ciento) se registró un alza de siete puntos porcentuales. El INE atribuyó el aumento al impacto de la Covid-19 y la cuarentena decretada en el mes de marzo.

Datos ofrecidos por el Banco Central de Bolivia proyectan una caída de la economía boliviana en 2020 del 6,2 por ciento. Ya en el primer trimestre se experimentó el menor crecimiento (0,6 por ciento) en casi 20 años. Un estudio realizado por la Universidad de Columbia, en los Estados Unidos, coincidió con las predicciones del Banco Central.

Durante los periodos de Gobierno gestionados por el MAS el país se convirtió en el de mayor crecimiento económico en América Latina. Asimismo, durante esos casi 14 años (2006-2019) la pobreza extrema se redujo del 38 a 15 por ciento.

 

El próximo 18 de octubre Bolivia enfrentará unos comicios presidenciales que fueron pospuestos en tres ocasiones por el Gobierno de facto. Las elecciones se realizan en el contexto de las denuncias realizadas por el candidato del Movimiento Al Socialismo, Luis Arce Catacora, con respecto a un "retroceso en la transparencia del Tribunal Supremo Electoral (TSE) boliviano".

La última encuesta de preferencia electoral elaborada por Ciesmori, para la red Unitel, indicó que Arce marchaba en primer lugar en las intenciones de voto con el 42,2 por ciento de los votos válidos (sin votos nulos, blancos e indecisos). En cualquier caso, el ganador de las elecciones tendrá que hacer frente a la crisis que deja la administración de facto tras 11 meses de gestión, luego de instaurarse después del golpe de Estado a Evo Morales.


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