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Paul, conocido como "El Lobo", pertenecía a un grupo autodenominado como "guardianes del bosque", encargados de fiscalizar, cuidar y proteger la Amazonía por cuenta propia.

Paul, conocido como "El Lobo", pertenecía a un grupo autodenominado como "guardianes del bosque", encargados de fiscalizar, cuidar y proteger la Amazonía por cuenta propia. | Foto: Articulación de los Pueblos Indígenas Brasileños (APIB)

Publicado 3 noviembre 2019



Además del asesinato de Paul Paulino en un enfrentamiento con los madereros, también resultó herido de gravedad el líder indígena Laércio Souza Silva Guajajara.

Varios colectivos sociales denunciaron el asesinato del guardián indígena Paul Paulino Guajajara, en las tierras de la reserva Arariboia, en el estado de Maranhao, enclavado en la selva amazónica de Brasil, a manos de madereros ilegales la noche del pasado viernes.

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La víctima, conocida como "El Lobo", pertenecía a un grupo autodenominado como "guardianes del bosque", encargados de fiscalizar, cuidar y proteger la Amazonía por cuenta propia.

Además de "El Lobo", otro líder indígena resultó gravemente herido el viernes, Laércio Souza Silva Guajajara, quien logró escapar y se encuentra internado recibiendo atención médica, de acuerdo con los datos ofrecidos por la Articulación de los Pueblos Indígenas Brasileños (APIB). Además, un maderero aún permanece desaparecido.


Los reclamos de los grupos sociales responsabilizan a las autoridades, y también van dirigidos al Gobierno por estar vinculado con crímenes hacia las comunidades indígenas, que esta vez tuvieron como blanco la región donde residen tres pueblos indígenas: Awá Guajá, Guajajara y algunos Awá.

Este suceso ha convulsionado a las comunidades indígenas, que ahora se sienten vulnerables ante la amenza de invasión en sus tierras, y la violencia hacia los líderes que están siendo atacados, asesinados y criminalizados. Para sus integrantes, la responsabilidades es del actual gobierno que, recalcan, "tiene sangre indígena en sus manos".

La líder indígena Sonia Guajajara, una de las referencias más reconocidas a nivel internacional en la defensa de estas comunidades, y quien se convirtió el año pasado en la primera indígena candidata a la Vicepresidencia del país, exigió al gobierno que pare de autorizar los "derramamientos de sangre en nuestro pueblo".


Por su parte, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Sergio Moro, anunció que la policía federal pondrá en marcha las investigaciones pertinentes para resolver el caso.

Entre tanto, el Instituto Socioambiental (ISA), llamó a las agencias gubernamentales a poner coto a las invasiones en las regiones amazónicas donde aún habitan comunidades originarias, para interrumpir el ciclo de violencia al que se somete a los pueblos indígenas, aún amenazados.


Los activistas sobre derechos humanos y en defensa de las comunidades indígenas sostienen que el Gobierno ha descuidado la defensa de los derechos de las comunidades originarias y del medioambiente.

Según un informe del Consejo Indigenista Misionero (CIMI) se han registrados 160 nuevos casos de invasión, registrados entre enero y septiembre de 2019, el doble que el año pasado. CIMI señala que "hoy no es exagerado decir que los pueblos indígenas ya no pueden moverse con seguridad dentro de sus territorios".


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