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El mandatario afirmó que “las decisiones judiciales son obligatorias aun cuando las estime disvaliosas e injustas”.
El presidente de Argentina, Alberto Fernández, comunicó este lunes que acatará la medida cautelar de la Corte Suprema sobre el aumento de los impuestos coparticipables a la Ciudad de Buenos Aires.
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El mandatario afirmó que “las decisiones judiciales son obligatorias aun cuando las estime desvaliosas e injustas” al referirse al incremento de unos 180.000 pesos de lo que actualmente percibe en coparticipación la capital argentina.
"Estoy convencido de que la resolución carece de los fundamentos exigidos a toda decisión judicial y por lo tanto está viciada, afecta legítimos derechos de las provincias argentinas y quiebra la igualdad sobre la cual se asienta el federalismo en nuestra Constitución Nacional”, publicó Fernández.
Ante una decisión cautelar que viola la división de poderes y carece de fundamentación suficiente, como Presidente de la Nación he dispuesto el único remedio posible y razonable en estas circunstancias, hasta que se resuelva la cuestión de fondo o el Congreso dicte una ley.
— Alberto Fernández (@alferdez) December 26, 2022
Si bien el jefe de Estado señaló que el fallo es imposible de cumplir, aseguró que se trata del “único remedio posible y razonable en estas circunstancias, hasta que se resuelva la cuestión de fondo o el Congreso dicte una ley”.
A su vez, el presidente instruyó a la Jefatura de Gabinete de Ministros para reasignar los únicos recursos disponibles del ejercicio 2022 y transferirlos a una cuenta del Banco Nación a nombre del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires.
De igual forma, Fernández apuntó que la transferencia procederá de los bonos TX31 y comprenderá el monto correspondiente a 90 días de vigencia de la medida cautelar hasta que sea emitido un fallo definitivo.
Entretanto, el mandatario ordenó al Procurador del Tesoro la presentación de un recurso de revocatoria "in extremis" contra el fallo del tribunal supremo con el fin de que sea revisada la medida cautelar.
Al mismo tiempo, ordenó recusar al magistrado de la Corte Suprema por haber prejuzgado contra el Estado Nacional “perjudicando sus cuentas y afectando los recursos de las 23 provincias argentinas”.
