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El presidente Alberto Fernández anunció que impulsa una demanda contra el gobierno de su antecesor por el préstamo de 55.000.000.000 de dólares otorgado por el FMI.

El presidente Alberto Fernández anunció que impulsa una demanda contra el gobierno de su antecesor por el préstamo de 55.000.000.000 de dólares otorgado por el FMI. | Foto: El Ciudadano

Publicado 13 marzo 2021



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Entre otros acusados se encuentran el ex ministro de Hacienda Nicolás Dujovne y el exministro de Finanzas Luis Caputo.

La Oficina Anticorrupción (OA) de Argentina presentó una denuncia contra el expresidente Mauricio Macri por administración fraudulenta infiel agravada en perjuicio de la administración pública y malversación de caudales.

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El presidente Alberto Fernández anunció el lunes 3 de marzo que impulsa una demanda contra el gobierno de su antecesor por el préstamo de 55.000.000.000 de dólares otorgado por el Fondo Monetario (FMI), y el gran endeudamiento externo con acreedores privados.

Instruyó a las autoridades pertinentes que determinen “quiénes han sido los autores y partícipes de la mayor administración fraudulenta y de la más grande malversación de caudales que nuestra memoria registra”.

Los informes del Banco Central de la República Argentina y la Auditoria de la Sindicatura General de la Nación alcanza al ex ministro de Hacienda Nicolás Dujovne, el exministro de Finanzas Luis Caputo y los extitulares del Banco Central Adolfo Struzenegger y Guido Sandleris.

Los delitos por los que acusan a Macri son los "defraudación por administración infiel agravada por ser cometida en perjuicio de la administración pública" y "malversación de caudales públicos".

De acuerdo con el texto de la denuncia: "El 20 de junio de 2018 el FMI aprobó un nuevo empréstito, que fue destinado a solventar la formación de activos externos, en perjuicio del Estado Argentino y de todo el pueblo de la Nación, que con el endeudamiento subvencionó las ganancias de los especuladores por la decisión de los denunciados".

"Los imputados recurrieron a distintas conductas que se describen en la denuncia, desde evitar cumplir con los procedimientos legales para la toma de la decisión del endeudamiento evitando al Congreso de la Nación, hasta falsear los objetivos del empréstito".

"Lo cierto es que entre mayo de 2018 y hasta que fueron restablecidos tardíamente los controles cambiarios más estrictos en octubre 2019, del total pautado con el FMI se desembolsaron casi  44.500.000 de dólares"

"Estos fondos, junto a las reservas internacionales, abastecieron una fuga de capitales del sector privado que alcanzó los 45.100.000, una salida de capitales especulativos por 11.500.000 y los servicios de la deuda (pública y privada) por 36.900.000 de dólares".

"El proceso fue espurio porque las autoridades no optaron por ninguna otra medida que evitara la sobredemanda de dólares y la salida de estos de la plaza local, garantizando con su deliberada pasividad la toma de ganancias de los especuladores a expensas del patrimonio público...".

"No se recurrió al canje compulsivo de títulos ni al control cambiario (al que tantas veces se echó mano en perjuicio de los pequeños ahorristas nacionales) sino hasta que, en las postrimerías del gobierno, las ganancias, su dolarización y la fuga estuvieron garantizadas para los especuladores".

"Mauricio Macri en su carácter de Presidente de la Nación; Nicolás Dujovne, en su rol de Ministro de Hacienda; Luis Andrés Caputo en su doble carácter de Ministro de Finanzas y Presidente del Banco Central".
"... y finalmente Adolfo Sturzenegger y Guido Sandleris como Presidentes del Banco Central de la República Argentina, tenían a su cargo la administración de bienes e intereses pecuniarios ajenos".

Todos ellos "violaron los deberes a su cargo, incumpliendo la solicitud al Poder Legislativo Nacional de la autorización previa para contraer el empréstito con el FMI (arts. 75 inc. 4 y 7 de la CN), y eludiendo la inclusión del empréstito por el monto correspondiente en la ley de presupuesto (art. 60 de la ley 24.156), omitiendo traducir documentos fundamentales en legal forma (art. 6 de la ley Nº 20.305)".

Para concluir que "se trató de un programa calculado y ejecutado con el objeto de generar una transferencia extraordinaria de activos desde el sector público hacia un grupo selecto del sector privado, en perjuicio del interés del pueblo argentino, el que debían gestionar y custodiar con fidelidad". 


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