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Para el diputado Leonardo Grosso, del Movimiento Evita y uno de los impulsores del proyecto, la situación es de "catástrofe", porque Argentina está atravesando "una de las peores crisis económicas y sociales" que tuvo en su historia.

Para el diputado Leonardo Grosso, del Movimiento Evita y uno de los impulsores del proyecto, la situación es de "catástrofe", porque Argentina está atravesando "una de las peores crisis económicas y sociales" que tuvo en su historia. | Foto: Reuters

Publicado 18 septiembre 2019

En el marco de una grave crisis social en el país, la oposición presentó un proyecto de ley para aumentar el presupuesto en comedores comunitarios.

Cerca del final de su mandato el presidente argentino Mauricio Macri, quien llegó al poder enarbolando la bandera de la "pobreza cero", se enfrenta a un proyecto de ley en Diputados para declarar la "emergencia alimentaria" en el país.

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Presentado por la oposición, este proyecto se presentó con el objetivo de incrementar los insumos en comedores comunitarios y escolares de todo el país, y ampliar los programas de asistencia hasta 2022. 

De esta manera, se cumple un reclamo que las organizaciones sociales han hecho escuchar presionando en las calles desde hace varios meses, con movilizaciones y ollas populares (varias de ellas reprimidas por la Policía), ante la creciente demanda de personas que no pueden acceder a un plato de comida.  

Tras sufrir una contundente derrota en las Elecciones Primarias en Argentina (PASO), Macri afronta la recta final de su Gobierno con un aumento en las cifras de pobreza e indigencia que evidencian el deterioro social en la nación.

¿Emergencia Alimentaria?

El texto presentado por los legisladores de la oposición propone "un incremento de emergencia como mínimo del 50 por ciento de las partidas presupuestarias vigentes del corriente año correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición", y aspira a "cubrir los requisitos nutricionales de niños hasta los 14 años, embarazadas, discapacitados y ancianos desde los 70 años, en situación de pobreza".  

Según el oficialismo, la emergencia alimentaria está vigente desde 2002, cuando fue declarada por ley luego de la crisis económica de 2001. Pese a que esa normativa venció el 31 de diciembre del mismo año en que fue aprobada, se fue prorrogando mediante otras leyes complementarias.

La última se sancionó en 2016, declarando la "emergencia social" hasta el 31 de diciembre de 2019. Sin embargo, esta solo aplica a "trabajadores y trabajadoras que se desempeñan en la economía popular", no así a comedores y merenderos.

Para el diputado Leonardo Grosso, del Movimiento Evita y uno de los impulsores del proyecto, la situación es de "catástrofe", porque Argentina está atravesando "una de las peores crisis económicas y sociales" que tuvo en su historia, comparable con la de 2001.

"Los comedores y los merenderos están abarrotados de gente. No solo van a comer los niños y las niñas sino también los trabajadores y los jubilados, que no pueden garantizarse el abastecimiento de comida diaria", advirtió Grosso.

El funcionario rechazó la acusación del Gobierno en cuanto al supuesto aprovechamiento político de la situación por parte de la oposición, y acusó de falta de responsabilidad y sensibilidad a los funcionarios que administran la Casa Rosada.

"El propio Indec dice que hay 3.600.000 personas por debajo de la línea de indigencia. Eso quiere decir que son personas que no llegan a cubrir las cuatro comidas diarias, en un país que es productor de alimentos, que produce para 20 veces su población", sostuvo Grosso. 

En este sentido, el diputado argentino afirmó que "no se trata de una mirada política sino de una mirada humanitaria. Cualquier medida que se establezca en la Argentina para contrarrestar el hambre, llega tarde". 


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