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La expresidenta señaló que el ministerio de Seguridad “hizo inteligencia en mi domicilio antes y después del atentado”.

La expresidenta señaló que el ministerio de Seguridad “hizo inteligencia en mi domicilio antes y después del atentado”. | Foto: Página 12

Publicado 9 enero 2023



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La recusación se basa en la relación de Capuchetti con el Instituto Superior de Seguridad Pública de Buenos Aires.

La vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, comunicó este lunes que recusó a la jueza María Eugenia Capuchetti, quien investiga el caso del intento de asesinato, por vínculos cercanos con las autoridades porteñas.

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“En épocas de derechas violentas, anoche se presentó recusación contra la Jueza Capuchetti por su dependencia con el Ministerio de Seguridad de CABA (Buenos Aires), el mismo que cercó mi casa con vallas e hizo inteligencia en mi domicilio antes y después del atentado”, publicó la expresidenta en su cuenta de Twitter.

De acuerdo con los abogados de Cristina, "el día viernes se conoció públicamente que la jueza Capuchetti tiene un trabajo rentado en el Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".

En este sentido, la recusación presentada señala que "el ISSP no es un órgano con fines académicos, sino políticos" mientras apuntó que "participar en el ISSP equivale a participar en una dependencia del Poder Ejecutivo, y no en una dependencia académica".

A partir de ello, el informe destaca que para que Capuchetti pueda estar en el ISSP debe contar con la autorización expresa de la Corte Suprema de Justicia, entretanto, puntualizó que el líder del instituto es el ministro de Seguridad de CABA, Marcelo D'Alessandro.

“Se trata de una persona que ha realizado un viaje ilegal con empresarios de medios y jueces a la mansión de Joe Lewis en Lago Escondido, y de quien se han conocido mensajes en los que queda muy claro su rol en la manipulación de causas judiciales contra Cristina Fernández de Kirchner y el espacio político que integra”, expresa el documento.

Además, el texto enfatiza que la Policía de CABA se subordina al Ministerio de Seguridad de la capital, por lo que debería haber sido investigada como en el caso de la Federal.


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