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El régimen de excepción suspende garantías constitucionales como libertad de asociación.

El régimen de excepción suspende garantías constitucionales como libertad de asociación. | Foto: EFE

Publicado 16 marzo 2023



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Según autoridades de seguridad pública, esta herramienta legal ha permitido encarcelar a no menos de 65. 000 pandilleros.

El Congreso de El Salvador aprobó este jueves una nueva prórroga de 30 días del estado de excepción puesto en marcha hace un año, bajo el argumento de combatir a las violentas pandillas en el país centroamericano.

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A menos de dos semanas de cumplirse el año de la puesta en vigencia del estado de excepción, se extiende nuevamente la medida, que según autoridades de Seguridad Pública ha permitido encarcelar a no menos de 65. 000 pandilleros salvadoreños.

El director de la policía del país centroamericano, Mauricio Arriaza Chicas, refirió que “dentro del régimen de excepción se le ha incautado más de 3.000.000 de dólares, más de 3.000 vehículos, más de 2.750 armas de fuego”.

 

Por su parte, el representante del partido político Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (Ffmln), Jaime Guevara, no estuvo de acuerdo con esta nueva prórroga porque alegó que los pandilleros son capturados de forma arbitraria.

"Mientras no transparente los movimientos económicos que se dan bajo la figura de la excepción, mientras no liberen a los inocentes, mientras no liberen a aquellas personas que se están muriendo en las cárceles o que están y a un paso de la muerte, mientras no las liberen, nosotros no vamos a apoyar una medida que está castigando a los inocentes", precisó.

En este sentido, el Gobierno ha admitido que existe un margen de error y unas 3.700 personas que fueron detenidas injustamente, ya fueron liberadas.

Esta prórroga coincide con el traslado de 2.000 reos que han sido llevados desde diferentes cárceles al Centro de Confinamiento del Terrorismo, conocido como la mega cárcel situada en el departamento de San Vicente.

El régimen de excepción, autorizado en marzo del 2022 por el Congreso a propuesta del presidente Nayib Bukele, suspende garantías constitucionales como libertad de asociación, privacidad de las comunicaciones, garantías al debido proceso, entre otras.


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