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Aunque Medicina Legal cifra en 40 los muertos de El Naya, la comunidad denuncia que más de 100 personas fueron asesinadas en 2001.

Aunque Medicina Legal cifra en 40 los muertos de El Naya, la comunidad denuncia que más de 100 personas fueron asesinadas en 2001. | Foto: Comisión de la Verdad

Publicado 10 abril 2021


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En plena Semana Santa de 2001, una comunidad del Cauca colombiano vivió una de las tantas masacres del conflicto militar.

Uno de los episodios recurrentes de la violencia política que ha sacudido Colombia desde 1948 y la lucha contrainsurgente es el de la masacre de El Naya, en el departamento del Cauca, en el suroeste del país, ocurrida durante la Semana Santa de 2001.

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El Naya es una región ubicada en los límites del Cauca y Valle del Cauca. Está dividida en Bajo Naya, donde habitan comunidades afrodescendientes, y Medio y Alto Naya, con campesinos e indígenas. Solo cuenta con dos vías de acceso: una terrestre por el municipio de Buenos Aires y que obliga el ingreso a lomo de mula, y otra acuática por Buenaventura, el canal entre el océano Pacífico y el suroccidente del país.

El río Naya se ha convertido, sin embargo, en un paso estratégico para el narcotráfico, así como parte de la guerra irregular que el Estado colombiano siguió contra las guerrillas de las entonces FARC-EP y las todavía actuantes ELN: fue corredor de las FARC en los ochenta y del ELN en los noventa. 

Todas fueron razones suficientes para que grupos paramilitares con la inacción cómplice del Estado colombiano, entraran en la zona bajo la creencia que era "cuna de guerrilleros" (estrategia seguida en los años ochenta contra las guerrillas centroamericanas en El Salvador y Guatemala). El grupo era dirigido por Jose Herbet Veloza, alias "HH". Su presencia en la zona de la costa del Pacífico obedecía a las órdenes de Vicente Castaño, quien quería lucrarse con el narcotráfico y consolidar su dominio político y militar desde Chocó hasta Nariño.

El bloque llegó un día antes a la masacre, el 10 de abril. Permanecieron en la región hasta el 13 y los días de la masacre en el Alto Naya terminaron en pleno Viernes Santo. No obstante, luego de la masacre y para huir del lugar, los paramilitares se enfrentaron a los guerrilleros del ELN, y el ejército colombiano llegó dos semanas después de la masacre, el 26 de ese mismo mes.

De acuerdo con la Fiscalía, se contaron unas 40 víctimas, aunque la comunidad refuta la cifra y asegura que más de 100 campesinos fueron asesinados. A algunos los lanzaron a los abismos de 1.000 metros de profundidad, por lo cual recuperar sus cuerpos fue imposible. Según Medicina Legal, las víctimas fueron torturadas, desaparecidas o mutiladas (en especial las mujeres). Sobre los desplazamientos, registros institucionales de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) indican que alrededor de 3.000 personas abandonaron El Naya. 

Hasta el día de hoy, este hecho "sigue en impunidad por el esclarecimiento de los sucesos y el ofrecimiento a las víctimas", según denuncia la CCJ. Aún no hay una cifra certera de cuántos muertos dejó la masacre ni se han promulgado condenas a aquellos señalados por los paramilitares en el marco de la Jurisdicción Especial para la Paz: miembros de la Fuerza Pública del Batallón Pichincha, adscrito a la Tercera División del Ejército Nacional; empresarios y políticos del Valle del Cauca, y Policía.

El Bloque Calima fue desmovilizado en 2004. En el marco de la ley 975 de 2005 y ante el Tribunal Superior de Cundinamarca en 2012, 66 paramilitares del bloque confesaron y contaron cómo perpetraron la masacre. Según sus declaraciones e investigaciones de la Fiscalía, algunos miembros de la Fuerza Pública ayudaron a los paramilitares: les dieron armamento y uniformes, y permitieron su libre movilización por el departamento. En esa misma instancia, mencionaron los nexos con empresarios y políticos del Valle del Cauca.

Aunque, desde 2019 la CCJ acompaña el proceso de las víctimas del Alto Naya, a Comisión asegura que las víctimas no cuentan con respaldo estatal ni garantías para asegurar la tierra ni permanecer en ella. Es más, muy pocos han sido beneficiarios de ayudas humanitarias.

Mientras tanto, la CCJ continúa con sus exigencias. Abogados, trabajadores sociales y funcionarios respaldan el regreso de una comunidad que nunca ha tenido medidas dignas de reparación integral. El retorno, además de significar una acción, representa un ejercicio independiente de resistencia cultural y territorial.


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