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En el comunicado se destaca que Nicaragua es un país comprometido con la paz y el desarrollo de políticas de unidad nacional a través del diálogo.

En el comunicado se destaca que Nicaragua es un país comprometido con la paz y el desarrollo de políticas de unidad nacional a través del diálogo. | Foto: MPPREVE

Publicado 11 octubre 2020



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El organismo de integración expresó su solidaridad a funcionarios sancionados ilegalmente por EE.UU.

La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), rechazó este domingo las nuevas sanciones unilaterales adoptadas por el Gobierno de Estados Unidos (EE.UU.) contra Nicaragua, y ratificó la solidaridad de los países miembros con el Gobierno y pueblo de esa nación centroamericana.

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En un comunicado oficial, la ALBA-TCP califica como unilaterales y violatorias del Derecho Internacional las acciones contra la fiscal General, Ana Julia Guido de Romero, el secretario de la Presidencia, Paul Herbert Oquist y la Institución Financiera Cooperativa de Ahorro y Crédito Caja Rural Nacional R.L. (Caruna RL).

El organismo integracionistas "repudia la promoción de este tipo de acciones, que violan los preceptos fundamentales de la Carta de Naciones Unidas" y evidencian "el carácter criminal de un Estado que no respeta el derecho internacional y pretende imponer su voluntad por la vía de los hechos y no del derecho", señala el texto.

El ALBA-TCP ratifica además la solidaridad con el Gobierno y pueblo de esa nación, que destacan por su compromiso "con la paz y el desarrollo de políticas de unidad nacional a través del diálogo".

"El ALBA-TCP hace un llamado a la comunidad internacional y, en particular, a los pueblos del mundo a rechazar este tipo de intimidaciones y a salir en defensa de los principios del respeto a la soberanía, la libre determinación e independencia de los Estados", culmina el comunicado.

El viernes pasado el Departamento del Tesoro estadounidense emitió un anuncio sobre nuevas medidas contra los funcionarios y la institución por presuntamente "violar los derechos humanos en el país".

Durante los últimos años, la Casa Blanca ha convertido en práctica sistemática las sanciones contra empresas, ejecutivos y altos funcionarios de Gobiernos no afines con su política, como Nicaragua, Venezuela, Irán, Cuba y otros. Ese ejercicio se ha intensificado bajo la administración de Donald Trump.


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