La Ley de Seguridad Interior de México, aprobada el 30 de noviembre por la Cámara de Diputados, otorga a las Fuerzas Armadas la facultad de ejercer labores de seguridad pública y establece en qué circunstancias podrán intervenir.
Esta normativa ha sido duramente criticada por organizaciones nacionales e internacionales al considerar que representa la oportunidad para militarizar el país, así como "potenciales violaciones de garantías de los ciudadanos".
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¿Qué está en riesgo con la nueva ley?
Con esta legislación, las Fuerzas Armadas tendrán competencias de autoridades policiales, como realizar acciones "preventivas" según su criterio, o actuar en caso de que "la amenaza" supere a los agentes locales.
Además, no precisa controles democráticos necesarios para comprobar el respeto a los derechos humanos en medio de las operaciones, solo refiere que "se respetarán".
Las autoridades federales y militares podrán proceder contra las protestas o movilizaciones si estiman que no son pacíficas. Con respecto al uso de la fuerza, remite a protocolos no supervisados.
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Sobre la información vinculada a la seguridad interior, especifica que será de carácter confidencial y no pone un límite de tiempo a las medidas de seguridad interior.
La norma no exige a las autoridades estatales y municipales reforzar a las policías civiles de acuerdo a objetivos concretos, pero aprueba la intervención militar en zonas de inteligencia civil.
Asimismo, corresponderá al secretario de Gobernación remitir un informe a la Comisión Bicameral del Congreso de la Unión al no identificar mecanismos para la rendición de cuentas. Ante las definiciones imprecisas de la ley, la figura de seguridad interior lo abarca todo.
>> ¿Por qué es criticada la Ley de Seguridad Interior en México?