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La norma establece la prohibición del aborto después de la semana 20, puesto que se cree que el feto siente dolor luego de ese periodo. (Foto: Reuters)

La norma establece la prohibición del aborto después de la semana 20, puesto que se cree que el feto siente dolor luego de ese periodo. (Foto: Reuters)

Publicado 21 marzo 2014



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La Contralora General de Venezuela, Adelina González, presentó este jueves el Informe de Avance de Venezuela en materia de lucha contra la corrupción, correspondiente al período marzo 2013-febrero 2014, como parte de la 23ª reunión del Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (Mesisic), que se celebra en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA), en Washington.

El documento expone cómo ha sido la implementación de las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité mencionado, así como otras medidas previstas en la Convención Interamericana contra la Corrupción, reseñó la Agencia Venezolana de Noticias (AVN).

Al presentar el informe, la Contralora General destacó el impulso que le ha dado el Estado venezolano a una serie de iniciativas en materia de lucha contra la corrupción y se refirió, en específico, al Código de Ética de las Servidoras y Servidores Públicos y las Normas Generales de Auditoría de Estado dictadas por la Contraloría General de la República.

Igualmente, González apuntó que en el país han sido adoptados diversos dispositivos legales para fortalecer el sistema jurídico venezolano y se encuentran en discusión ante la Asamblea Nacional varios proyectos, entre los que destaca el proyecto de ley para facilitar e incentivar la denuncia por hechos de corrupción contra el patrimonio público y proteger a sus denunciantes y testigos.

De la misma manera, la autoridad explicó que organismos públicos como la Contraloría han impulsado la labor de formación de los servidores públicos y de las instancias del Poder Popular en temáticas como participación ciudadana, contraloría social y derechos humanos, con el fin de consolidar la inclusión del ciudadano en el ejercicio del control de la gestión pública y de garantizar la promoción de la educación como proceso creador de la ciudadanía.


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