Venezuela despide el 2014 con importantes cambios estratégicos en el gabinete gubernamental para enfrentar los retos del próximo año.
Con la incorporación de ese país como miembro no permanente al Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), este viernes el hasta ahora Canciller, Rafael Ramírez, fue nombrado embajador ante el organismo internacional. Mientras que la extitular de Comunicación e Información, Delcy Rodríguez, pasará a ser la nueva jefa de la diplomacia venezolana.
La designación de Ramírez como representante ante la ONU será para "defender la Paz Mundial", según dijo el presidente venezolano, Nicolás Maduro, al anunciar los cambios de su gabinete mediante su cuenta en la red social Twitter.
El 1ro de Enero de 2015 Venezuela se incorpora al Consejo de Seguridad de la ONU,con la mayor responsabilidad para defender la Paz Mundial..
— Nicolás Maduro (@NicolasMaduro)
December 26, 2014
El vicepresidente venezolano, Jorge Arreaza, aseguró que el ejercicio de los dos funcionarios (Rafael Ramirez y Delcy Rodríguez) en sus respectivos puestos amplió las expectativas de representatividad del país en nombre de Latinoamérica.
La elección de Venezuela al selecto grupo de miembros del Consejo de Seguridad de la ONU (cinco permanentes y 10 no permanentes) será efectiva desde el próximo 1 de enero de 2015 hasta el 31 de diciembre de 2016.
También la dirigencia de la Asamblea Nacional de ese país llamó a nuevas sesiones extraordinarias para elegir a los 12 magistrados y dos suplentes del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Rechazo a la injerencia de EE.UU.
Los últimos días de fin de año para Venezuela estuvieron signados también por el rechazo de ese país a las sanciones y declaraciones injerencistas de Estados Unidos y Europa.
El pasado 18 de diciembre, el presidente estadounidense, Barack Obama, firmó un proyecto de ley aprobado por el Congreso de ese país contra Venezuela. Las sanciones del Gobierno estadounidense se atribuyen a que supuestamente funcionarios gubernamentales habrían estado vinculados a actos de violación a los derechos humanos en las protestas golpistas registradas en Venezuela entre febrero y mayo pasado.
Las sanciones también incluyen restricciones con respecto a la transferencia de bienes o tecnologías hacia Venezuela con el pretexto de que pueden ser utilizadas para abusos contra los derechos humanos.
La acción contra Venezuela ilustra la injerencia de la Casa Blanca en los asuntos internos del país suramericano y su alianza con sectores de la derecha implicados en la muerte de 43 ciudadanos durante los hechos violentos convocados bajo el nombre de “La salida” que buscaba desestabilizar la Revolución Bolivariana.
Además, Venezuela también rechazó una resolución del Parlamento Europeo sobre los hechos violentos ocurridos en el país a principios de año, texto que atenta, declaró, contra la soberanía nacional y las instituciones democráticas.
Asimismo, las declaraciones injerencistas de la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, quien fue acusada de ignorar la realidad latinoamericana y de ser una “segundona de la Administración Obama”, según el vicecanciller venezolano para Europa, Calixto Ortega.