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Larry Devoe, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de DD.HH.

Larry Devoe, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de DD.HH. | Foto: HispanTV.

Publicado 1 noviembre 2016

En consulta suscitada por organizaciones de DD.HH. y el Estado venezolano, se contó con la participación de más de 258 mil personas para diseñar las políticas de protección y los planes para las víctimas.

El Plan Nacional de Derechos Humanos en Venezuela se realizó por medio de consultas a nivel nacional que recogieron observaciones del poder popular, de instancias de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y otros mecanismos internacionales, además las observaciones recogidas en más de 600 informes, indicó este martes Larry Devoe, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de DD.HH.

La participación del pueblo venezolano en el diseño de políticas de protección y el impulso de planes para la reparación de víctimas de violaciones DD.HH. son las bases de las políticas que emprende el país en ese ámbito.

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Como parte de la consulta, en la que participaron más de 258 mil personas, se hizo el más grande encuentro entre el Estado venezolano y organizaciones de DD.HH., que dio forma al citado programa.

Devoe explicó que el plan –aprobado este año– contiene más de 446 indicadores para medir su aplicación. Al respecto, se tiene previsto destinar a lo largo de 2017 un total 4,8 millones de dólares para el desarrollo de esta política, que contempla entre sus ejes la inclusión del pueblo venezolano y el reconocimiento de la labor de los activistas de DD.HH.

"Algunas de las acciones previstas en el plan han sido ejecutadas mucho antes del plazo establecido, entre ellas destaca la instalación de una mesa técnica para revisar las reservas y las exhortaciones interpretativas realizadas por nuestro país a los tratados de derechos humanos que hemos ratificado", expresó.

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Estas acciones se conjugan con otras políticas como la reparación de víctimas de violaciones de derechos fundamentales y de violencia política registradas en el país, con acento en las condiciones de vida de estas personas "haciendo uso de todo el sistema de protección social del Estado".

Entre 2015 y 2016, indicó Devoe, el Estado ha atendido a 764 víctimas sin necesidad de decisión judicial. "Se trata de un compromiso ético con la justicia y el respeto de los derechos humanos", indicó Devoe.


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