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La Ley de Amnistía es una propuesta de los diputados de derecha recién electos en Venezuela, que serán mayoría en el Parlamento a partir de 2016, y a juicio de los movimientos defensores de DD.HH. representa una burla a quienes perdieron a sus familiares durante el Golpe de Estado contra el entonces presidente Hugo Chávez el 11 de abril de 2002.
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En una rueda de prensa este sábado, María Eugenia Russián, presidenta de la Fundación Latinoamericana por los Derechos Humanos y el Desarrollo Social (Fundalatin), rechazó en nombre de esas organizaciones esta iniciativa legislativa que solo busca promover la impunidad.
"Una Ley de Amnistía que vaya en detrimento de la justicia y la dignidad de las víctimas constituiría un acto de violación a los derechos humanos, contrario al estado Social de Derecho y Justicia imperante constitucionalmente en Venezuela", señaló.
También firmaron un comunicado en el que exponen los efectos que para la democracia venezolana tendría la aprobación de cualquier instrumento que atente contra la búsqueda de la justicia y solicitaron una Ley Habilitante al Presidente para crear una comisión con participación de Poderes Públicos y las víctimas, con el propósito de estudiar cada uno de los casos.
Esta propuesta de Ley de Amnistía fue rechazada igualmente por la Asociación de Víctimas del 11 de Abril de 2002 (Asovic) y el Comité de Víctimas de la Guarimba y el Golpe Continuado, integrado por familiares de los 43 venezolanos asesinados durante el plan denominado La Salida.
