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La mayoría de los asistentes declaró como testigo en el juicio que investigó esta causa durante 16 años.

La mayoría de los asistentes declaró como testigo en el juicio que investigó esta causa durante 16 años. | Foto: EFE

Publicado 28 mayo 2016



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Alrededor de 60 uruguayos, víctimas o familiares de víctimas del Plan Cóndor, se dieron cita el viernes en la embajada de Argentina en su país para escuchar la sentencia sobre esta causa.

Entre lágrimas y aplausos fue recibida la sentencia contra 15 exmilitares involucrados en el Plan Cóndor, la operación coordinada por las dictaduras de Suramérica durante los años 70 y 80.

Durante la retransmisión en directo de la lectura del dictamen, en la embajada de Argentina en Uruguay, unas 60 personas, allí congregadas, expresaron su beneplácito ante la decisión del tribunal argentino.

>>Acusados del Plan Cóndor reciben entre 20 y 25 años de prisión

La justicia del país suramericano comprobó la coordinación entre actores de las dictaduras de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay, para la persecución, secuestro, desaparición y asesinato de políticos o activistas de izquierda entre las décadas de 1970 y 1980, por lo que este viernes, 27 de mayo, condenó a 18 de sus responsables a 20 o 25 años de prisión.

Muchos de los que se dieron cita en la sede diplomática, para escuchar el veredicto, habían declarado como testigos durante el juicio que investigó esta causa durante 16 años.

Los aplausos más fuertes irrumpieron tras la lectura de la sentencia a Manuel Cordero, un exmilitar que formó parte del Servicio de Información de Defensa y del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas, único uruguayo procesado y que fue condenado a 25 años de prisión por asociación ilícita.

Los presentes mostraron su conmoción cuando el juez nombró a algunos uruguayos que fueron víctimas de la represión durante la dictadura en Argentina (1976-1983).

Los testigos uruguayos que participaron de este proceso fueron invitados a la legación diplomática por el embajador de Argentina, Guillermo Montenegro quien aseguró que es muy importante para su país, para Uruguay y para Suramérica que se llevara a cabo esta investigación.

"Es muy importante sobre todo para saber la verdad, para aprender de los hechos históricos para que no vuelvan a suceder casos como este" prosiguió el embajador.

>>Cinco preguntas para entender qué fue el Plan Cóndor

Testimonios

Beatriz Barbosa y Francisco Javier Peralta, eran de los más emocionados mientras escuchaban la sentencia. Ellos estaban exiliados en Argentina cuando fueron detenidos el 30 de setiembre de 1976 y llevados al centro clandestino de tortura "Automotores Orletti".

"Es muy grande sentir los nombres de los compañeros, yo estoy ahora pero ellos no están y eso es muy fuerte porque muchos de los nombrados ahí eran compañeros nuestros", dijo Barbosa emocionada.

Otra de las uruguayas que estuvo detenida en Orletti es María del Carmen Martínez, quien en ese centro de detención perdió la pista de su compañero José Hugo Méndez (aún desaparecido) y cuyo nombre resonó varias veces durante la sentencia.

"Yo no puedo decir que pueda alegrarme porque hubiera preferido que no pasara (...) pero te reconforta que exista al final justicia y que los tipos por lo menos tengan que tener su condena y su juicio ante de la sociedad por los hechos que cometieron", afirmó Martínez.

Martínez y Barbosa denunciaron la falta de "voluntad política" para juzgar a los exmilitares involucrados en las violaciones de derechos humanos en Uruguay.

"El tema son las generaciones que vienen, no queremos que vuelvan a vivir lo que vivimos, y la única manera de que eso no vuelva a pasar es que hoy haya verdad y justicia" sentenció Barbosa.

>>Madres Plaza de Mayo celebran condenas a exjefes del Plan Cóndor

En contexto
Un tribunal argentino fijó penas, entre 20 y 25 años de cárcel, para 15 de los 17 acusados por la Operación Cóndor, todos de nacionalidad argentina, exceptuando a uno de ellos que es Uruguayo.
El hecho ocurre luego de 16 años de haberse tramitado el primer proceso en Latinoamérica para investigar los crímenes cometidos de forma coordinada durante las dictaduras militares de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.

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